La presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Cristina Cabrera, expresó su sorpresa ante la posibilidad de que los funcionarios judiciales resuelvan el aumento del 26%, pendiente desde 2010 en esta ley de presupuesto, tal como publicó este jueves El Observador. Cabrera aseguró que nunca se informó, ni planteó la existencia de negociaciones en este sentido.

Además, señaló que la semana pasada, cuando anunciaron el conflicto en el sector al enterarse de los artículos aditivos-que luego fueron retiradosque congelaba las partidas para alquileres y capacitación, no se les realizó “ninguna propuesta para resolver la adecuación salarial del 26%”.

“La Asociación no estaba al tanto de esto, no sabíamos nada, nos sorprendió como nos sorprendió el congelamiento de las partidas, nadie nos dio información de que eso se estuviera negociando”, agregó.

Cabrera señaló que la semana pasada hubo una reunión del ámbito intergremial, donde participan representantes de la Asociación de Magistrados, de la Asociación de Funcionarios Judiciales y otros gremios vinculados al sistema de Justicia, y el tema no se planteó.

“No sé si no dio el tiempo o qué, se habló en términos generales de defender el presupuesto que planteó la SCJ, nos parece injusto que nos dejen afuera”, comentó.

Por otra parte, advirtió que un acuerdo entre funcionarios “implicaría un desenganche del funcionariado, quedarían fuera de la escala salarial regida por el artículo 85 de la ley 15.750 y las sucesivas leyes” y un incumplimiento de esa normativa.

En cuanto al artículo 4, que establece que ningún funcionario podrá recibir aumentos por encima del salario de un ministro de Estado y las implicancias que eso tiene en el encadenamiento salarial de todo el Poder Judicial, Cabrera señaló que si no se aclara que ese artículo aplica únicamente para el jerarca se verán anulados los aumentos salariales de todos los escalafones.

Consultado por la diaria, el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales, Pablo Elizalde, aclaró que la negociación nunca se planteó en términos de dejar a los jueces afuera del acuerdo, sino que fueron conversaciones con los legisladores Conrado Rodríguez, Juan Martín Rodríguez e Iván Posadas para intentar la aprobación de los primeros tres artículos del mensaje presupuestal que envió la Suprema Corte de Justicia al Poder Ejecutivo, que apuntan a resolver el aumento del 26%.

“Hemos estado trabajando en una solución, pero era una solución para todos, la propuesta que se llevó al Parlamento siempre fue atendiendo todos los escalafones, ahora Diputados está discutiendo la forma de implementarlo, pero nunca planteamos excluir a nadie”, comentó Elizalde.

El representante de los funcionarios judiciales señaló que hay cuestiones disímiles entre la realidad de los jueces y de los funcionarios, dado que en el caso de los magistrados no hay sentencias vinculadas al conflicto, sino acuerdos en el marco de una negociación y esa diferencia podría pesar a la hora de armar una solución para el sector.

En el Poder Judicial existen tres situaciones salariales vinculadas al conflicto generado en 2010, que dispuso aumento a los ministros de Estado, sin advertir que esos salarios estaban enganchados con los de todo el Poder Judicial.

Ante esa situación, algunos trabajadores del Poder Judicial lograron resolver el asunto por vía judicial, pero los jueces, al no poder operar en la causa que les compete, debieron resolverlo a través de un acuerdo de negociación colectiva, que estableció un aumento de 16% a los jueces y 18% a los funcionarios, quedando pendiente 10% y 8%, respectivamente, para completar la equiparación, pero que no fue firmado por todos los trabajadores.