En la madrugada de este miércoles y tras más de 13 horas de debate, la Cámara de Diputados argentina aprobó y envió al Senado una iniciativa que establece la creación de un impuesto para los patrimonios superiores a 200 millones de pesos, con el fin de recaudar 300.000 millones de pesos –más de 3.000 millones y medio de dólares– que serán destinados a planes productivos y sanitarios en el contexto de la crisis generada por la pandemia de covid-19.

En total, el oficialismo consiguió 133 votos para aprobar el proyecto, denominado oficialmente Aporte Solidario Extraordinario a las Grandes Fortunas, que fue impulsado por el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y que contó con el apoyo de representantes de bloques provinciales.

En contra de la norma votaron 115 diputados, todos los del bloque de Juntos por el Cambio, además de otros sectores de la oposición.

El proyecto, que será aprobado en el Senado, ya que allí el oficialismo tiene mayoría, alcanzaría a menos de 10.000 personas, de acuerdo a lo que informó la agencia Télam.

En la mañana de este miércoles, poco después de su aprobación, el presidente Alberto Fernández se refirió al tema y sostuvo que este proyecto “no es un castigo a los ricos”, y agregó que debería “ser el inicio de un punto de arranque de una Argentina más solidaria”.

En declaraciones al canal A24, el mandatario expresó que el proyecto “tendría que llamarse ‘ley de solidaridad’, porque es el aporte de los que más tienen en favor de los que más necesitan”.

Fernández dijo además que la iniciativa “está en sintonía con lo que se ha hecho en muchos lugares del mundo”, y agregó que “el proyecto ha tenido en cuenta a quién afecta y cómo afecta”.

“La pandemia obligó a multiplicar mucho la inversión del Estado para ayudar a sectores de la sociedad en esta situación difícil”, explicó el líder del Frente de Todos, quien resaltó que “pudimos pasar la pandemia sin conflictos sociales”, en un “enorme esfuerzo que el Estado hizo”.

En el inicio del debate, el diputado Carlos Heller, autor del proyecto, explicó que “es por única vez porque se pretende alcanzar a aquellas personas que son titulares de grandes fortunas”, de acuerdo a lo que consignó Página 12. Además Heller, referente del movimiento cooperativo argentino, descartó que la iniciativa “estuviese pensada contra determinadas personas”. “No es una confrontación entre los que más tienen y los que menos tienen”, señaló. Por su parte, Itai Hagman, otro de los diputados que apoyaron el proyecto, argumentó: “Mientras discutimos si los 10.000 millonarios más ricos de la Argentina tienen que hacer un aporte extraordinario tenemos cinco millones de niños y niñas bajo la línea de pobreza. ¿Cuál es el nivel de desigualdad que estamos dispuestos a tolerar?”.

Por su parte el legislador del PRO –el sector del ex presidente Mauricio Macri– Luciano Laspina dijo que el proyecto “es confiscatorio. El Estado absorbe una parte sustancial de la renta o de la propiedad”. “Se gravan activos que alientan el ahorro nacional: a diferencia de Bienes Personales, donde los títulos públicos están exentos, acá se gravan los depósitos, los campos, los bienes rurales y los activos empresarios”, cuestionó, al explicar la postura de su sector.

Durante la sesión, la cuenta oficial de Twitter del bloque del PRO evidenció a quiénes estaba defendiendo con su postura, al publicar un gráfico que traza un paralelismo entre el 46% de las bancas que ocupa Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados y el 0,02% de la población que deberá pagar este aporte en caso de que la norma se apruebe en el Senado. “Casi la mitad de los diputados nacionales defendemos al sector que genera empleo e inversiones en nuestro país”, aclara el gráfico.

A propósito de esta incongruencia, la diputada del Frente de Todos por la provincia de Jujuy Carolina Moisés dijo durante su intervención en el debate que “no se puede ser portavoz de los millonarios y de los pobres a la vez”.

La legisladora norteña expresó que “si no quieren aprobar desde la oposición este proyecto pues digan ‘no queremos que los que tienen más de 200 millones de pesos pongan cuatro’”, y remarcó que la ley se trata de “un aporte” y “no un impuesto”.

Moisés aclaró que en la iniciativa se contempla “a dueños y no a empresas”, al tiempo que argumentó que se trata de “excedentes de riquezas” y “no de capital”, en respuesta a que “alguien dijo que iban a tener que vender su capital y sus tierras para poder pagar este impuesto”.