Jeanine Áñez, ex presidenta de facto de Bolivia, dijo este martes que cualquier juicio que le inicie la actual administración gubernamental, a cargo del Movimiento Al Socialismo (MAS), o “su sistema judicial” no será independiente, y pidió la participación de observadores internacionales.

En su cuenta de Twitter la política derechista dijo que no será “un juicio independiente” y pidió una “investigación imparcial y con observadores internacionales”:

El 8 de noviembre, un día antes de la asunción del actual presidente boliviano, Luis Arce, Áñez se fue a su ciudad natal, Trinidad, capital del departamento de Beni, y no participó en la transmisión de mando. Cuando volvió a su tierra, la ex mandataria de facto señaló que afrontará desde allí cualquier proceso en su contra y aclaró que no tiene pensado dejar el país.

La anterior Asamblea Legislativa, que tenía mayoría del MAS, sugirió a la Fiscalía un juicio de responsabilidades contra Áñez y su gabinete por las masacres de Sacaba y Senkata, de noviembre de 2019, cuando ella asumió el poder. En estos episodios que se registraron luego de la salida del poder de Morales, murieron más de 35 personas en el marco de una feroz represión por parte de las fuerzas de seguridad contra quienes protestaban por la forzada salida del gobierno del líder del MAS.

Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos apuntaron contra Áñez y su gobierno por haber firmado un decreto que declaraba la “impunidad” de las fuerzas militares en las operaciones conjuntas con la Policía.

A propósito del tema, el lunes el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que si la Fiscalía General establece “graves violaciones” a los derechos humanos en la investigación por los hechos sucedidos en Senkata, un barrio de la ciudad de El Alto y Sacaba, una localidad situada en la provincia del Chapare, en el departamento de Cochabamba, se instaurará un juicio penal contra Áñez. Lima agregó que si esto no ocurre habrá un juicio de responsabilidades en el Parlamento, y para ello se requieren dos tercios de los votos.

“Solamente con la autorización del Legislativo y con dos tercios [de votos] se podría iniciar juicio de responsabilidades contra la ex presidenta [Jeanine] Áñez, [pero] esta situación tiene una excepción que es la referida a los casos de graves violaciones a los derechos humanos”, dijo el ministro al diario Página Siete.

Por su parte, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Freddy Bobaryn, afirmó este martes que, si bien el presidente Arce hizo énfasis en la reinstitucionalización de las Fuerzas Armadas y la Policía, eso no significa que tendrán impunidad quienes cometieron delitos como los registrados en Senkata y Sacaba.

“Se va a respetar la institucionalidad tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía, lo que no significa que nosotros dejemos en la impunidad a aquellas personas que hubieran cometido delitos”, afirmó Bobaryn al diario paceño La Razón.

En referencia a los hechos sucedidos en Senkata y Sacaba, dijo que hay una comisión de delito que “no puede quedar en la impunidad”.

Dos de los ex ministros que también podrían ser llevados a la Justicia por estos episodios, Arturo Murillo, quien se desempeñaba como jefe de gabinete y fue uno de los principales referentes del gobierno de facto, y Fernando López, quien ocupó la cartera de Defensa, se encuentran actualmente fuera del país, de acuerdo a lo que informó este martes el comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera. Ya hay órdenes de captura para ambas ex autoridades en el marco de las investigaciones del caso “Gases lacrimógenos” –una compra a sobreprecio de este material de uso de las fuerzas represivas por parte del Ministerio de Defensa–, pero de acuerdo a la información que tiene la Policía, Murillo está en Panamá y Romero en Brasil.

En entrevista con la radio Fides, el jefe policial dijo que los dos ex jerarcas abandonaron el país el 9 de noviembre, un día después de la asunción de Arce.