La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores aprobó los artículos que crean una base de datos para la identificación facial bajo la órbita de la Secretaría del Ministerio del Interior (MI). Se dispone el traslado de la “totalidad” de las imágenes faciales de los mayores de edad y los datos personales desde la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) hacia la cartera, que podrá usar esa información “con fines de seguridad pública”.
Estas disposiciones, recogidas en los artículos 178 y 179 del proyecto de ley a estudio del Senado, fueron cuestionadas por más de 20 organizaciones sociales de Uruguay y la región, que enviaron una carta pública al Parlamento para advertir sobre el impacto de la medida, dado que la mayoría de los sistemas de reconocimiento facial “tienen sesgos importantes y demuestran ser tecnologías aún inmaduras”, que pueden llevar a la criminalización de las personas de manera injusta.
En el artículo “¿Vigilancia estatal basada en identificación facial en Uruguay?”, Patricia Díaz, integrante del Laboratorio de Datos y Sociedad (Datysoc), una de las organizaciones que firmaron la carta enviada al Senado, explica por qué el uso de estos sistemas de reconocimiento facial pueden llevar a violaciones de los derechos humanos. A modo de ejemplo, se señala que los posibles errores o sesgos del sistema podrían llevar a “acusaciones falsas y arrestos injustificados”. Datysoc sostiene que existen estudios internacionales que muestran que “la tasa de precisión para la identificación de rostros femeninos y de piel más oscura suele ser mucho más baja que la de los rostros masculinos blancos”.
Además, Díaz plantea que la tecnología puede ser usada para propósitos que pueden condicionar la libertad de expresión y de movimiento y reunión. Así como puede usarse para investigar un hecho delictivo, también puede “ser utilizada para encontrar y arrestar manifestantes u organizadores de protestas o puede usarse para rastrear a personas a distancia sin su conocimiento, entre otros usos preocupantes”. Al momento, hay 8.433 cámaras presentes en todo el país y Datysoc advierte que “resulta natural pensar que el uso que el ministerio pretende dar a esa base de identificación facial es la de vigilancia automatizada mediante algoritmos de reconocimiento facial”.
En la discusión en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, el Frente Amplio (FA) propuso dos sustitutos, que no fueron aprobados, informó el martes El País. La diferencia central que proponía la oposición era que la base de datos sería “administrada por la DNIC” y esta podría “habilitar y suministrar” información al MI, pero con “previa autorización de juez o fiscal en el ámbito de sus respectivas competencias”.
Ante las críticas de legisladores del FA por el tratamiento del tema en el marco de la discusión presupuestal y la eventual ilegalidad, el secretario general del MI, Luis Calabria, explicó que la compra del software para cruzar las imágenes de las cámaras con los datos de la DNIC fue hecha por la administración pasada, en febrero de este año, por un millón de dólares.
La senadora frenteamplista Silvia Nane explicó este miércoles en el programa En perspectiva que no adjudican intencionalidad alguna al MI respecto de esos artículos, simplemente “se comparte” con las organizaciones sociales la preocupación por la amplitud de algunos conceptos, en particular, sobre la “identificación” facial y el uso de los datos para “la seguridad pública”. De todas formas, dijo que espera que se reconsidere el tema en la discusión en el Plenario.
Nane explicó que los datos biométricos no sólo refieren a los rasgos faciales, sino también a la voz y a la forma de caminar. El problema de la identificación, agregó, es que uno toma la imagen de la cámara y la compara con otras bases de datos para determinar la identidad de una persona. En cambio, la “verificación de datos” -lo que propone el FA- se basa en el mecanismo inverso: se parte de la base de datos y se compara con la información que brinda la cámara. “Con esa redacción tan amplia nada garantiza que esa base de datos no pueda ser utilizada en un futuro por algoritmos de reconocimiento facial para otros usos”, apuntó, y agregó que en San Francisco y Reino Unido está prohibido el sistema de reconocimiento facial porque “tiene un alto porcentaje de falsos positivos”. Mencionó el caso de Argentina, que comenzó a usar el sistema para identificar prófugos de las cárceles, y en el registro identificó a 166 niños.