El Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) volvió a tratar este miércoles la resolución aprobada el 28 de octubre que determinó el cese de 29 trabajadores del equipo técnico de primera infancia del organismo. La decisión había sido adoptada mientras el presidente del INAU, Pablo Abdala, no se encontraba en funciones, por lo que, a su regreso, solicitó volver a tratar el punto. Si bien hubo varias propuestas arriba de la mesa, se mantuvo la resolución inicial de no renovar esos contratos el 31 de diciembre.

El vicepresidente del INAU, Aldo Velázquez (Cabildo Abierto), manifestó su intención de mantener la resolución tal como se había votado. Por su parte, la directora Natalia Argenzio (Frente Amplio) propuso contratar a todos los técnicos (40 en total) por un plazo de seis meses y hacer un nuevo llamado a concurso. Abdala, por su parte, planteó la posibilidad de renovar algunos contratos, no todos.

Argenzio explicó a la diaria que su postura, al igual que la que planteó en la sesión del directorio del 28 de octubre, fue la de renovar los contratos del equipo técnico. En esta oportunidad, la extensión por seis meses y luego el llamado a concurso permitiría “continuar con la profundización de las políticas de primera infancia y respetar el trabajo de los técnicos que ingresaron por concurso, algunos hace diez años, cuando se empezó a hablar del cuidado como un derecho”, expresó.

Sin embargo, Abdala dijo en diálogo con la diaria que no hubo mayores avances, por las distintas posturas presentadas. “Nosotros estamos en la tesitura de reestructurar estos programas, reducir estos contratos, porque hay un montón de contratos que, según las evaluaciones que hemos hecho, no tienen razón de ser, porque cumplieron su ciclo, pero hay una parte que resultan necesarios”, sostuvo. Según explicó, no da por terminado el tema, porque hay plazo hasta el 31 de diciembre y todavía existe la posibilidad de “complementar” e incorporar algunos contratados más, “no técnicos elegidos al azar, sino con base en un análisis con la directora programática y la de primera infancia, dentro de los parámetros de restricción”.

Para Abdala, es necesario “conjugar varias cosas”: garantizar la continuidad de los servicios y del Programa de Primera Infancia, así como todos los relacionados, pero contemplar las restricciones presupuestales. Mencionó que el decreto de austeridad aprobado en marzo prohíbe la renovación automática de estos contratos y pone un límite de 60% de lo ejecutado en 2019. “Con el planteo que estamos impulsando, la ejecución presupuestal sería 50%. En una solución que yo tengo en mente: conjuga razonablemente todas las cosas”, resaltó.

Para Argenzio, el problema de la propuesta de Abdala es que deja sin renovar más de 40% de los contratos sin “criterio alguno”. “Si no tenemos criterio arriba de la mesa, carece de fundamento”, expresó. Además, planteó que el único argumento es cumplir con el Decreto 90/2020, que “exhorta a INAU, no obliga, a renovar hasta 60% de los contratos que se financian con agencias y organismos internacionales”. “Esto es un recorte del presupuesto, es una mirada reduccionista del Estado. Es necesario ver la primera infancia como una inversión y nunca como un gasto”, cuestionó.

En tanto, Abdala llamó a analizar el cese de los integrantes del equipo técnico en un “contexto más amplio”, porque, según dijo, existe un refuerzo “muy importante en el número cero” del presupuesto, “con el cual vamos a contratar 60 cargos y una parte muy importante van a ser destinados a primera infancia”. “Entonces no hay que ver aisladamente del resto del INAU, estamos hablando de 40 contratos en un universo de 4.800 funcionarios. Por otra parte, estamos incorporando personal en adopciones y se contrató por cinco meses a 31 educadores en la crisis de la pandemia”, señaló.

En cambio, Argenzio planteó preocupación por no contar con la experiencia acumulada de estos técnicos. “INAU atiende a 61.699 niños y niñas de entre cero y tres años a través de más de 534 centros destinados de primera infancia. Además, nos preocupa cuál será el efecto de la pandemia en los niños y niñas. Esta mirada reduccionista del Estado no va de la mano con la ampliación de derechos que requiere la primera infancia”, sostuvo.