La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) recibió ayer a una docena de personas que brindaron su versión sobre los presuntos excesos policiales cometidos el fin de semana durante un procedimiento en la plaza Seregni de Montevideo. Ahora, los denunciantes deberán presentar la o las denuncias por escrito (la instancia de ayer fue oral) para que la institución pueda comenzar a recopilar la información que necesita para contrastar versiones y tomar posición, según dijeron a la diaria integrantes del Consejo Directivo de la INDDHH, que esperan la “colaboración” de las autoridades.

“En la institución, más allá de las críticas que se nos han hecho, siempre hemos mirado la evidencia antes de dar opinión. En este caso lo vamos a tratar de la misma manera”, sostuvo el presidente de la INDDHH, Wilder Tayler, en diálogo con la diaria. Tayler señaló que en torno a este caso “hay contradicciones hasta en el número de personas que había” en la plaza en el momento en que se produjeron los disturbios, con versiones que van “de 20 a 200 personas”. Para esclarecer los hechos y dictar una resolución, la INDDHH tiene la potestad de “pedir todo tipo de pruebas” a las autoridades correspondientes y puede llevar adelante inspecciones en el lugar de los hechos, realizar entrevistas con testigos y peritaje al material audiovisual recibido.

Uno de los puntos centrales de la investigación que desarrollará la institución tiene que ver con el uso de la fuerza por parte de los funcionarios policiales, “dónde se desencadenó, cómo se desencadenó y cómo fue aplicada”. En ese sentido, Tayler recordó que “existen parámetros para el uso de la fuerza que son objetivos”, como la proporcionalidad frente a la amenaza recibida, la utilización de medios disuasorios, la progresividad de los medios utilizados y el aviso previo a emplear la fuerza.

Juan Faroppa, director de la institución, informó que “eventualmente” la INDDHH puede pedir las filmaciones del procedimiento al Ministerio del Interior (MI), aunque hasta el momento no se han solicitado, porque se está “armando el procedimiento de investigación de la denuncia para cubrir todos los flancos”. El objetivo de la institución es “recomponer todo el relato desde el principio hasta el final”, por lo que también se tiene en cuenta la información publicada en medios de comunicación y en redes sociales y se está “rastreando a testigos” que hayan presenciado los hechos. Al respecto, Faroppa aclaró que lo que la INDDHH busca determinar “no son responsabilidades individuales” sino “la acción o la omisión del Estado”.

Tayler indicó que la institución espera una actitud colaborativa de todas las instituciones involucradas, una de las cuales es el MI. Pese a que recientemente el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, calificó a la INDDHH de “club político” y aseguró que su cartera no va a seguir sus recomendaciones, Tayler afirmó que tiene “la expectativa de que en el curso de la investigación se puedan recibir los elementos de todo el mundo, inclusive del ministerio, para poder evaluar lo mejor posible el caso”. “Nosotros vamos a hacer el mismo tipo de instrucción que hacemos siempre y vamos a pedir el mismo tipo de colaboración que pedimos siempre. Hay veces que no nos contestan o que no responden. Lo que no podemos hacer es dejar de actuar porque no nos contesten”, apuntó.