El gobierno brasileño que encabeza Jair Bolsonaro contrató una empresa de comunicación que produjo un informe sobre las publicaciones realizadas por más de 80 periodistas y otros formadores de opinión, como profesores universitarios y conocidos youtubers. Medios brasileños consignaron que, si bien este tipo de práctica es común en la actual administración, este nuevo informe va un poco más allá, ya que clasifica a los profesionales como “detractores”, “neutrales” y “favorables”, en un lenguaje similar al que utilizaban los órganos de represión de la dictadura militar para encuadrar a las personas objeto de sus investigaciones.

El trabajo, titulado Mapa de influencers, se basó en el análisis de publicaciones, realizados en mayo de este año, en las que se mencionaba al Ministerio de Economía y al titular de esta cartera, Paulo Guedes, de acuerdo a la noticia publicada por el portal UOL. El informe fue llevado adelante por BR+ Comunicación, que tiene un contrato con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones (MCTIC), pero que fue aprovechado por el de Economía por medio de un término de ejecución descentralizado. Según informaron medios brasileños, el Estado le pagó a la empresa 2,7 millones de reales –aproximadamente 516.000 dólares–, cifra que incluye, además del informe, otros servicios de comunicación.

En el informe también se sugiere cómo manejarse con las personas investigadas. En algunos casos se aconseja “el monitoreo preventivo de las publicaciones del influencer”, en otros se sugiere el “envío de un pedido de aclaración en caso de que haya eventuales informaciones publicadas equivocadas”, y en el caso de los investigados calificados como proclives al gobierno se sugiere que “se les proponga trabajar conjuntamente para difundir acciones realizadas por el ministerio”, además de ofrecerles llevar a cabo transmisiones en vivo para comunicar otras acciones de la cartera que encabeza el ultraliberal Guedes.

El portal UOL se comunicó con el MCTIC, que le respondió que sobre ese tema debían comunicarse con el Ministerio de Economía. Cuando se le respondió al titular de esta cartera respondió que “los productos de comunicación” son definidos por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Por su parte, la empresa BR+ Comunicación no respondió al respecto.

Este caso de recopilación de información financiada con dineros públicos se suma a otro, que fue denunciado hace poco más de diez días por Enio Verri, el líder de la bancada del Partido de los Trabajadores en la Cámara de Diputados. Según informó la revista Época, Verri acudió a la Justicia, donde presentó una acción contra el Ejecutivo por el monitoreo que la administración de Bolsonaro, por intermedio de su Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Comunicación, hizo sobre las publicaciones en redes sociales de al menos 116 integrantes del Parlamento durante febrero, marzo, abril y mayo de este año.

De acuerdo a lo que se informó, estos documentos fueron clasificados como secretos, bajo el argumento de que se trata de un “trabajo de autor” de la empresa contratada para dicha tarea. Para el diputado Verri, “esta acción del gobierno de Jair Bolsonaro debe ser rechazada por toda la sociedad brasileña por herir el derecho a la libertad de expresión y de opinión y por configurar una acción de coerción sobre la actividad parlamentaria”.