Por más de que el Poder Ejecutivo considere que la ley que reguló el uso sustentable de bolsas plásticas consiguió su objetivo de lograr una “reducción significativa” de su consumo y resultó un “eficaz instrumento de concientización social” con una alta adhesión, el gobierno se apresta a modificar su decreto reglamentario, en busca de “mejorar su aplicación y el alcance de su finalidad”.  

Así lo dice el borrador del nuevo decreto que el Ministerio de Ambiente ya envió a la Torre Ejecutiva, y que se aprobaría en los próximos días.

Estos cambios ya habían sido adelantados en octubre por el ministro Adrián Peña, quien en ese entonces habló en una entrevista con Radio Carve de la necesidad de una nueva reglamentación “correctiva”. “La viveza criolla nos está ganando”. “Las bolsitas para llevar los tomates las hacen con asa. Hecha la ley, hecha la trampa”, expresó en aquel entonces.

El nuevo proyecto establece algunos cambios respecto de la normativa original. Por ejemplo, determina que los fabricantes de bolsas plásticas que se venden o se entregan en el país ya no necesitarán una certificación del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu), sino de cualquier “entidad certificadora acreditada por el Organismo Uruguayo de Acreditación. Estas entidades deberán informar a la Dirección Nacional de Medio Ambiente de las solicitudes en trámite, certificaciones otorgadas y “demás actuaciones”, y deberán contar con un procedimiento para la obtención de la certificación aprobado por esta oficina.  

Asimismo, el decreto del gobierno define con mayor exactitud qué es una “chismosa”, uno de los tipos de bolsas que están exoneradas de las disposiciones de la ley. En el caso de que estas sean elaboradas con tela no tejida (conocida como TNT), deberán tener una densidad superficial igual o mayor a 60 gramos por metro cuadrado.

Según explicó a la diaria Silvana Martínez, directora de la División de Planificación Ambiental del Ministerio de Ambiente, esta especificación se debió a que tras la aprobación de la ley se empezaron a entregar gratuitamente bolsas de TNT que que eran demasiado finas, por lo que impedían cumplir con el objetivo de que este tipo de bolsa fuera reutilizable.

En tanto, el nuevo decreto reduce el espesor mínimo que se requiere para las bolsas elaboradas con material recuperado o reciclado de origen nacional. Estas bolsas tienen un costo (4,7 pesos) y si bien el decreto actual establece que deben tener un espesor mínimo de 100 micrómetros (0,1 milímetro), la nueva reglamentación reducirá su volumen a 70 micrómetros (0,07 milímetros).

Este cambio, explicó Martínez, se debe a que a su entender no se afecta la reutilización de la bolsa, y a la vez la baja del requerimiento busca “promover el canal de reciclado a nivel nacional”.

A su vez, se especifica que entre las bolsas que no están alcanzadas por la ley se incluyen aquellas que estén “en contacto directo con alimentos de consumo humano o animal” (aquellas que envuelven carne picada o fiambres, por ejemplo), pero “sin asas”. El problema, explicó Martínez, es que aparecieron en el mercado bolsas de este tipo pero con asas, entonces “el desvío de uso es mucho más fácil y el control es mucho más complejo”. “Por eso, a los efectos de no confundir a la población, es que se reglamenta que esas bolsas no tengan asa”, dijo la jerarca.