Ricardo Lewandowski, ministro integrante del Supremo Tribunal Federal (STF) –la máxima instancia de la Justicia brasileña–, comunicó este lunes su determinación de que la 10ª Cámara Federal de Brasilia comparta con los abogados defensores del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva los mensajes obtenidos en el marco de la Operación Spoofing, que investigó la intervención ilegal de los teléfonos celulares de diversas autoridades por parte de un grupo de hackers.
La defensa de Lula durante el transcurso del proceso judicial que hay en su contra ‒por haber recibido, supuestamente, un apartamento por parte de la empresa constructora OAS‒ solicitó tener acceso a estos mensajes, argumentando que en ellos hay numerosas menciones a los casos presentados contra el líder del Partido de los Trabajadores en el marco de la Operación Lava Jato.
La Operación Spoofing buscó desarticular una organización criminal que practicaba delitos cibernéticos. Durante 2019 fueron detenidos por la Policía varios hackers informáticos, quienes lograron intervenir los teléfonos celulares de Sérgio Moro y Deltan Dallagnol.
A comienzos de junio de 2019, el entonces ministro de Justicia y Seguridad Pública, Moro, afirmó que hackers habían intentado entrar en su teléfono móvil. Pocos días después, el portal de periodismo de investigación The Intercept Brasil difundió mensajes que Moro intercambió cuando era juez federal con los fiscales y promotores de la Operación Lava Jato. Los mensajes, replicados por todos los grandes medios brasileños, causaron un tremendo revuelo, ya que en varios de ellos quedó de manifiesto la falta de imparcialidad de Moro, quien era el juez en primera instancia del caso Lava Jato, y la complicidad que existía con el equipo de fiscales e investigadores, con los que trazó varias estrategias de acción, algo prohibido por ley.
De acuerdo a lo que recordó Agência Brasil, en estas conversaciones existen intercambios de mensajes enviados por medio de la aplicación Telegram entre el ex fiscal del Lava Jato en el estado de Paraná, Dallagnol, y Moro, quien estaba al frente del 13º Juzgado Federal de Curitiba, responsable de llevar adelante la investigación.
Los abogados de Lula afirman que necesitan tener acceso al contenido de la investigación de Spoofing para identificar el posible sesgo en la conducción del proceso contra el ex presidente.
“En vista de la verosimilitud de la acusación y teniendo en cuenta el derecho constitucional a una defensa amplia, otorgo, por el momento, sin perjuicio de nuevas medidas”, afirmó Lewandowski en el texto el que autorizó a los defensores del ex mandatario acceder a esta información, que hasta el momento estaba reservada.
El ministro del STF ordenó que se compartan, bajo la supervisión de expertos de la Policía Federal y en un plazo de diez días, las conversaciones recogidos en el marco de la Operación Spoofing que se relacionan con Lula “directa o indirectamente, así como las relacionadas con investigaciones y procesamientos en su contra interpuestos en el 13º Juzgado Penal Federal de Curitiba o en cualquier otra jurisdicción, aunque sea extranjera”.