Todas las familias reales, independientemente de si la monarquía es constitucional, parlamentaria o absolutista, gozan de una vida privilegiada. Disponen de protecciones especiales respecto del resto de ciudadanos, residencias lujosas, salarios públicos cuantiosos y caprichos que no están al alcance de cualquier persona. Pero algunas casas reales, como la española, han contado además con un privilegio adicional, tal vez más discreto pero no menos importante: la complicidad de buena parte de la prensa. A lo largo de más tres décadas, los medios de comunicación españoles evitaron publicar información comprometedora sobre Juan Carlos I y su familia.

Juan Carlos I, que fue coronado rey y asumió la jefatura de Estado en noviembre de 1975 tras la muerte del dictador Francisco Franco, ha sido considerado una figura clave de la transición democrática, principalmente por el papel que jugó en el fallido intento de golpe de Estado perpetrado el 23 de febrero de 1981. En aquel entonces el monarca pronunció un discurso de madrugada con el que se dio por finalizado el golpe y eso lo legitimó, a pesar de que el 23-F sigue siendo un episodio con muchas sombras que se cerró sin investigar y algunos aún consideran inexplicable la demora del rey en pronunciar ese mensaje. Para gran parte de la población española Juan Carlos I fue el “salvador de la democracia”, pero para otros fue el rey designado por Franco como su sucesor en 1969 y quien juró los principios fundamentales del Movimiento Nacional del franquismo.

Tras el fracasado golpe de Estado y con el fin de proteger la monarquía, los principales periódicos de España firmaron un pacto de silencio para no criticar a Juan Carlos I y así proteger la democracia, un acuerdo que se extendió durante gran parte de su reinado (1975-2014). “Fue un pacto no escrito, pero respetado por todos, por los presidentes de los grandes medios de prensa. Colocar una información contraria al rey era impensable”, dijo a la diaria el periodista español José García Abad, que ha publicado libros sobre Juan Carlos I ‒La soledad del rey y Sobra un rey‒ e investigaciones que lo comprometen.

Con una monarquía aún por consolidar, Juan Carlos I supo ganarse a los medios de comunicación gracias a esa “simpatía campechana” que derrochaba. Eran tiempos en los que se le perdonaba y reía todo. “El rey no sólo ejerció una gran seducción sobre los grandes propietarios de los medios, sino también sobre los propios periodistas, a quienes halagaba. Había un consenso general y esa complicidad de la prensa se extendió más allá de cuanto hubiera podido justificarse, una vez consolidada su figura como rey”, añade el periodista.

Además de que la prensa no lo fiscalizaba, la Constitución española establece que “la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad” y, por lo tanto, no podía ser juzgado. Su impunidad era total y así es cómo fue acumulando escándalos de diversa índole, desde demandas por su paternidad a su presunta corrupción.

Las críticas al rey fueron más bien escasas hasta 2012, cuando Juan Carlos I se rompió la cadera durante una cacería de elefantes en Botsuana, lo que generó una enorme indignación en España, que atravesaba una grave crisis económica.

“Como era impune ante cualquier presunto delito y la prensa no le saca los colores, [el rey] cada vez actúa con más descaro. Recibió dinero de muchas fuentes, y nadie da dinero si no es a cambio de un beneficio”, afirmó García Abad.

Las críticas al rey fueron más bien escasas hasta 2012, cuando todo cambió tras el accidente que sufrió en Botsuana. El 13 de abril de aquel año Juan Carlos I se rompió la cadera al caerse en una cacería de elefantes, lo que generó una enorme indignación en España, que atravesaba una grave crisis económica. La presión popular fue de tal magnitud que el rey se vio obligado, en un gesto sin precedentes, a pedir disculpas por ese viaje: “Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir”, dijo tras salir del hospital mientras su rostro evidenciaba derrota.

Ese viaje a Botsuana ‒en el que Juan Carlos I fue acompañado por su amante, la empresaria alemana Corinna Larsen, quien luego revelaría información comprometedora para la monarquía‒ hizo que la percepción de la sociedad española sobre el rey cambiara. De hecho, supuso el principio del fin para el monarca, quien terminó abdicando dos años después a favor de su hijo Felipe para no dañar más la ya maltrecha imagen de la monarquía tras una serie de escándalos.

Con su abdicación el monarca perdió la inviolabilidad y sólo podría ser juzgado por aquellos delitos cometidos después del 19 de junio de 2014, día en el que entregó la corona. Sin embargo, Juan Carlos I mantiene el privilegio del aforamiento, por lo que en caso de ser juzgado sería puesto a disposición de un tribunal superior al ordinario.

En agosto de 2020 el rey emérito abandonó España después de que durante varias semanas salieran a luz informaciones sobre sus finanzas ocultas al fisco y desde entonces ha permanecido en Emiratos Árabes Unidos, donde mantiene buenas amistades. El ex monarca ni siquiera ha regresado a España por Navidad, asegurando que es debido a la situación de la pandemia y su condición de persona de alto riesgo.

Tres causas abiertas

La fiscalía del Tribunal Supremo investiga al rey emérito por un presunto cobro de comisiones por su intermediación en la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad que une en Arabia Saudí las ciudades de Medina y La Meca, una megaobra de más de 8.100 millones de dólares de presupuesto que fue inaugurada en 2018 tras una década de trabajos. Según informó el ministerio público, esta investigación se centra en “delimitar o descartar” la relevancia penal de estos hechos y si ocurrieron después de junio de 2014, cuando el rey perdió la inviolabilidad.

La fiscalía suiza también investiga a Juan Carlos I por estos hechos, más concretamente si después de 2014 hubo transferencias o blanqueo de capitales fuera de España.

Este caso se destapó en 2018, a raíz de que Corinna Larsen develó que Juan Carlos I habría cobrado una comisión millonaria por el gran proyecto ferroviario del desierto. La aristócrata alemana lo contó en una reunión que mantuvo en 2015 con el ex comisario de Policía José Manuel Villarejo, uno de los personajes más oscuros de la historia reciente de España, que durante años se dedicó a grabar en secreto las conversaciones que tenía con políticos, empresarios, jueces y periodistas para luego poder sobornarlos. A raíz de la filtración de muchos de esos audios, numerosas personalidades de la élite española se han visto afectadas.

Como las conversaciones entre Villarejo y Larsen salieron a la luz hace más de dos años, al Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Ghesta, le llama mucho la atención que aún no se haya llamado a declarar al rey emérito. “En esas conversaciones ya empezaron a aparecer datos de cuentas en el extranjero y utilización de testaferros. Nosotros pedimos a la Agencia Tributaria que, a la vista de esos indicios, abriera una investigación, pero no lo hizo”, explica a la diaria Carlos Cruzado, presidente de Ghesta, quien recuerda que ese organismo público encargado de controlar el sistema tributario español no sólo actúa con denuncias, sino también a raíz de investigaciones periodísticas como ocurrió con los Panama Papers, que revelaron información oculta de miles de sociedades offshore.

Después de que Felipe VI renunciara en marzo a la herencia de su padre y le retirase la asignación salarial prevista en el presupuestos, desde Ghesta entendieron que esos indicios eran aún más fuertes, pues de alguna manera el actual rey “reconoce la existencia de unas fundaciones cuya titularidad podría estar a nombre del emérito”, pero la Agencia Tributaria “tampoco hizo nada al respecto”, añadió Cruzado.

La Fiscalía del Tribunal Supremo investiga también al rey emérito y otros miembros de la familia por el presunto uso de tarjetas de crédito con dinero opaco, vinculadas a fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, según la información revelada en noviembre por eldiario.es. Los gastos de esas tarjetas se habrían hecho después de que Juan Carlos I abdicara y por tanto sí podrían suponer su imputación.

La tercera vía de investigación abierta por el Tribunal Supremo que afecta al rey emérito está relacionada con un presunto delito fiscal y blanqueo de capitales, a raíz de que el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales descubriera una nueva fortuna de Juan Carlos I oculta en la isla de Jersey, un paraíso fiscal británico ubicado en el Canal de la Mancha.

Regularización

El 9 de diciembre Juan Carlos I presentó una declaración voluntaria ante la Agencia Tributaria por un importe de cerca de 680.000 euros para regularizar su situación con el fisco español, según informaron sus abogados. Si bien se da por hecho que esto se relaciona con las tarjetas opacas y los fondos recibidos por Allen Sanginés-Krause, “tampoco queda muy claro a qué conceptos obedece, pues el comunicado de sus abogados es muy escueto y no explica a qué concepto impositivo responde”, dijo Cruzado. Lo que sí está claro es que con esa regularización el rey emérito “está admitiendo que tuvo una actitud irregular respecto del pago de impuestos y que lo intenta subsanar ahora”, agregó.

Pese a este último gesto de Juan Carlos I y a que Felipe VI se haya distanciado de su padre para evitar otra crisis, la Corona española sigue atravesando una situación muy complicada en medio de esta maraña de escándalos, y su futuro es incierto. De hecho, según una encuesta sobre la monarquía publicada en octubre por una plataforma de 16 medios de comunicación ‒ante la ausencia de sondeos similares en el país‒, 40,9% de los españoles votarían “Sí” a la República si se convocara un referéndum, mientras que 34,9% votaría por la monarquía.

Cabe también recordar que el 15 de diciembre el Congreso rechazó investigar al rey emérito con los votos del Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular y el ultraderechista Vox, eliminando así las peticiones cursadas por Unidas Podemos y partidos independentistas y nacionalistas.

María García Arenales, desde España.