La Red Pro Cuidados exigió el sábado la inmediata destitución de Gabriela Bazzano, actual secretaria nacional de Cuidados y directora del Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
La investigación comenzó en 2015, tras una denuncia que presentaron el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el hospital Pereira Rossell ante un juzgado de familia, ya que Seamos implementó un programa de “familias articuladas”, que consistía en la entrega de hijos de personas con discapacidad intelectual a otras familias, sin control del INAU ni de otro organismo estatal.
A partir de la información publicada por la diaria, la Red Pro Cuidados “resolvió suspender su participación en el Comité Consultivo de Cuidados, presidido por la Secretaría en cuestión, hasta tanto se proceda a la designación política de una nueva autoridad, cuya actuación esté alineada con la normativa nacional e internacional en la materia”, dice un comunicado difundido el sábado.
La red recuerda que desde el 30 de junio se está incumpliendo el plazo establecido legalmente para dar a conocer el Plan Nacional de Cuidados 2021-2025.
“En suma, estos hechos a nuestro juicio sólo pueden leerse como una expresa orientación política de las actuales autoridades hacia el desmantelamiento del Sistema de Cuidados”, asegura el texto.
Coordinadora de Psicólogos
También se manifestó la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay mediante un comunicado en el que expresó su enfático rechazo a las acciones de Bazzano.
Los especialistas aseguran que los profesionales de la psicología “deberían defender los más altos estándares de comportamiento ético y comprensión humana”.
La Mesa Ejecutiva de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay (CPU) emitió el sábado un comunicado sobre el caso de Gabriela Bazzano; en el texto expresa “su enfático rechazo al tipo de prácticas denunciadas en la investigación, reñidas con la ética y que lesionen los derechos humanos de los usuarios”.
En el comunicado, titulado “Psicología, ética profesional y derechos”, los profesionales señalan que las acciones de Bazzano son aún más graves porque “son realizadas por profesionales de la psicología que deberían defender los más altos estándares de comportamiento ético y comprensión humana. Aún más repudio surge cuando tales prácticas se aprovechan de relaciones de dominación sobre poblaciones vulnerables”.
Aclaran que ni “la psicóloga Gabriela Bazzano ni el psicólogo Joaquín Rodríguez, ambos involucrados en la investigación, son socios de la CPU. Sin embargo, ello no obsta a que esta institución, de referencia en la psicología uruguaya y regional, recuerde los estándares éticos que la guían, establecidos en su Código de Ética y en la cultura institucional desde su fundación hace ya 33 años”.