La Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que integran, entre más de 20 colectivos, la Asociación Down de Uruguay, la Asociación de Sordos del Uruguay, la Federación Uruguaya de Asociación de Padres con Hijos con Discapacidad Intelectual, la Fundación Bensadoun Laurent, la Fundación Alejandra Forlán, la Fundación Promoción Perros de Asistencia (Fundappas) y el Grupo de Trabajo por la Educación Inclusiva, expresó este lunes su “profundo malestar y preocupación” por el accionar de Gabriela Bazzano, la actual directora de la Secretaría de Cuidados y el Programa Nacional de Discapacidad, quien al frente de la asociación civil Seamos impulsó el programa Familias Articuladas, en el que se entregaba a hijos de personas con discapacidad intelectual a otras familias, sin supervisión de ningún organismo público, tal como informó la diaria este sábado.
“Más allá de que se deja en claro que la causa fue archivada por la Justicia, entendemos que los testimonios y los hechos expresados dan cuenta de un tratamiento tutelar inadecuado, con rasgos de abuso de poder, lo que vulnera derechos y principios fundamentales consagrados en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por ley en nuestro país en 2008”, señalan en un pronunciamiento difundido este lunes.
“Entendemos que este comportamiento resulta inadmisible para quien ocupe la titularidad del Programa Nacional de Discapacidad, que debe trabajar con la Convención como bandera”, añaden en el texto, que finaliza con el lema “Nada sobre nosotros sin nosotros”.
En tanto, el presidente del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), Pablo Abdala, fue consultado este lunes respecto del pedido de destitución contra Bazzano formulado por la bancada de legisladores del Frente Amplio (FA). “Es una funcionaria que está sometida a la jerarquía del Ministerio de Desarrollo Social, la respuesta a eso debe darla el ministro [Pablo] Bartol”, se limitó a responder. “No puedo ni debo opinar, creo que el Poder Ejecutivo debe tomar las decisiones que corresponda, si corresponden”.
Dijo que respecto a los casos presentados en la nota “INAU no tuvo injerencia ni intervención, porque se trató de niños que no estaban institucionalizados. Es más, cuando se le pidió intervención al INAU en alguno de esos casos, le expresó a la Justicia que se abstenía de opinar porque no eran niños que estuvieran en nuestros cuidados”.
Abdala explicó que “el Código establece que cualquier persona puede pedir la tenencia de un menor cuando ese menor no está a cargo de nadie, también que esa solicitud de tenencia no implica el derecho de adoptar el niño”. “El INAU tiene sus competencias, pero los jueces tienen la suya. El INAU en la mayoría de los casos interviene porque es quien hace el proceso de selección de la familia, pero no llega a intervenir en todas las situaciones”, señaló.