Cuando los chilenos elijan el 11 de abril del año que viene a los 155 integrantes de la convención que redactará una nueva Constitución, tal como se aprobó en el plebiscito de octubre, 17 de esos escaños se reservarán para representantes de los pueblos originarios.
Así lo dispuso el Congreso de Chile en una ley aprobada el martes.
Siete de esos lugares en la Convención Constitucional corresponderán al pueblo mapuche, el más numeroso del país, dos al aymara, y los demás escaños se repartirán entre representantes de los pueblos rapa nui, colla, quechua, atacameño, yámana, kawashkar, diaguita y chango. A cada uno de estos últimos les corresponderá una banca.
De la población de Chile, 12,8% pertenece a estos pueblos originarios, según los datos del censo realizado en 2017. Los mapuches son aproximadamente 1.745.000, casi 10% de la población total del país. El segundo pueblo originario en número es el aymara, con casi 157.000 personas. Los demás se encuentran muy por debajo de esas cifras. Los quechuas son casi 34.000 y los changos, quienes habitan en la zona costera del norte del país, menos de 5.000, por ejemplo.
Durante el tratamiento de esta iniciativa en el Parlamento, el oficialismo logró mantener el número de estas bancas en 17, pese a que la oposición proponía que fueran 24.
También quedó por el camino la iniciativa de reservar escaños para los afrodescendientes. “Si hoy estamos quedando marginados es porque el Ministerio de Desarrollo Social no hizo su trabajo. El oficialismo nos bloqueó todas las puertas”, dijo al medio digital El Mostrador la dirigente afrodescendiente Milene Figueroa. “Hemos visto con pavor lo que ha sido esta discusión en el Congreso. El tremendo nivel de desconocimiento por parte de los parlamentarios oficialistas, de la ministra de Desarrollo Social y el subsecretario”, dijo. Para compensar su exclusión de la ley aprobada el martes, los dirigentes afrodescendientes definirán si se postulan con una lista independiente o se incorporarán a partidos políticos que están interesados en darles un espacio.
Algunos dirigentes indígenas participarán mediante los partidos en lugar de postularse a una de las 17 bancas específicas. “Los escaños son para personas que no tienen oportunidad de ir por otro lado. El llamado a los partidos es que abran los espacios”, dijo Hortensia Hidalgo, dirigente aymara, a El Mostrador. Ella se postulará como candidata del Partido Socialista, al igual que el dirigente y abogado mapuche Salvador Millaleo, que trabajó como asesor del proyecto de las 24 bancas que impulsaba la oposición en el Congreso.
Hidalgo explicó también que todavía no se estableció el mecanismo para que los pueblos postulen a sus candidatos. Las 17 bancas serán descontadas por el Servicio Electoral de aquellas que les corresponden a los distritos con mayor proporción de población indígena. La integración de la Asamblea Constitucional será determinada mediante representación por distritos, del mismo modo que la Cámara de Diputados.
Tal como se aprobó este proyecto, y por iniciativa del oficialismo, se deberá crear un padrón de votantes indígenas. Quienes lo integren podrán votar por un solo candidato del pueblo al que pertenecen, informó AFP. Millaleo dijo a esa agencia que “el proyecto no salió como querían los pueblos, y es en particular limitativo de la participación que la autoidentificación no sea ante la urna sino en un padrón especial”. De todos modos, destacó que contar con 17 bancas hace posible “que todos los pueblos estén representados, permitiendo que la plurinacionalidad tenga una chance”.
Para el senador oficialista Francisco Chahuán, esta ley implica “un gran paso para empezar a pagar la deuda del Estado con los pueblos originarios”, según citó la agencia Efe. También la ministra de Desarrollo Social de Sebastián Piñera, Karla Rubilar, dijo, de acuerdo con Radio BioBio, que la Constitución “se escribirá con letra indígena”, y celebró que este proyecto permita “empezar a pagar la deuda histórica más grande que tenemos: la deuda con los pueblos indígenas”.
A su vez, el senador socialista Alfonso de Urresti destacó que, aunque la oposición tenía otras expectativas, el proyecto que se aprobó constituye “un paso fundamental que va a ser recordado en la historia” de su país. Hasta ahora las constituciones chilenas nunca reconocieron a los pueblos indígenas ni a sus diversas lenguas.