“Grave, temerario e irresponsable”. Con esas palabras calificó el procurador de derechos humanos de El Salvador, Apolonio Tobar, la actuación en las últimas horas del presidente Nayib Bukele.
Desde hace varios días Bukele exige al Congreso que se reúna para aprobar su solicitud de pedir un préstamo de 109 millones de dólares al Banco Centroamericano de Integración Económica. Asegura que esos fondos serán destinados al pago de una tercera fase del Plan de Control Territorial, dirigido a luchar contra las maras, al que atribuye mejoras en la seguridad interna del país. Sin embargo, los legisladores de la oposición sostienen que Bukele no envió al Legislativo los detalles de esa fase del plan ni ningún documento que respalde que esos fondos irán efectivamente a ese destino.
Ante la negativa de los legisladores de convocar la sesión, Bukele adoptó varias medidas de presión. La primera fue retirarles a los diputados sus guardias de seguridad; la segunda, ordenar al Consejo de Ministros a que convocara, dentro de sus atribuciones constitucionales, a una sesión de la Asamblea Legislativa para ayer; y la tercera, convocar a un levantamiento popular contra los diputados con una movilización a realizarse en paralelo a la sesión en las afueras del Congreso. En paralelo, el presidente de la Asamblea Legislativa, el opositor Mario Ponce, había convocado a una sesión para hoy, pero eso no hizo que Bukele diera marcha atrás.
Ayer, antes de la hora de la sesión, varios diputados opositores denunciaron que las fuerzas de seguridad los fueron a buscar a sus casas pretendiendo obligarlos a asistir. Algunos lo hicieron y otros se negaron. Mientras tanto, la multitud crecía en los alrededores de la Asamblea Legislativa, rodeada por policías y militares. Poco después Bukele entró al recinto, acompañado de policías y militares, y se sentó en el lugar de Ponce, que no estaba entre los presentes.
“Vamos a dar inicio a esta sesión plenaria extraordinaria”, dijo, para luego rezar una oración y salir del lugar. Ya afuera, se dirigió a la multitud: “Los diputados hoy han roto el control constitucional al no venir (...), ellos son los que desobedecen un mandato del Consejo de Ministros”. Y luego amenazó: si en la sesión de hoy los diputados no aprueban el préstamo, el Consejo de Ministros va a volver a citarlos, “y si aun así no lo aprueban, el pueblo deberá poner en práctica el artículo 87 de la Constitución”. Allí “se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo objeto de restablecer el orden constitucional” a través de “separar en cuanto sea necesario a los funcionarios transgresores, reemplazándolos”.
Esa mención al artículo 87 fue interpretada por la oposición como la posibilidad de un golpe contra el Poder Judicial por parte del presidente, que en las últimas horas vio reafirmado el apoyo de las fuerzas de seguridad.