Vecinos de San José reclaman una bajada para la playa Arazatí, que empresa forestal cerró

Sillas playeras, sombrillas, mesas plegables y niños en trajes de baño con la piel empapada en protector solar y gorros para amortiguar el sol de la última ola de calor: no es la descripción de un día de verano en una playa cualquiera, sino del mediodía del viernes en la vereda de la Intendencia de San José. A falta de playa, los integrantes del movimiento Los Tucu Tucu simularon una en pleno centro de la capital maragata, como parte de una movilización que realizaron el viernes por la apertura del balneario Arazatí, ubicado en el kilómetro 72 de la Ruta 1. Este colectivo se formó en julio de 2019 para denunciar la tala de 52 árboles en la franja costera, y actualmente reclama la remoción de una portera colocada por los propietarios de la empresa forestal Arazatí, que impide el paso hacia la antigua bajada a la playa.

Por la tranquera en cuestión existe un juicio en curso que enfrenta a pobladores de la localidad de Rafael Perazza con el empresario Alberto Voulminot, vinculado a Industrias Forestales Arazatí SA. Los demandantes exigen derecho al libre acceso al camino departamental que lleva a la playa y donde está ubicada la portera, a la playa y al uso de la faja costera de 150 metros. En el marco de dicho litigio, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) realizó un informe para brindar insumos respecto del acceso público, en el que señala que en un margen del camino luego de la portera se encontraron mojones “asimilables a los instalados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en rutas nacionales”, lo cual no coincide con la señalización de servidumbre de paso que se encuentra junto a la portera.

“Siempre hubo un alambrado que marcaba la propiedad privada, que corría paralelo a la derecha del camino y finalizaba en el arroyo Sauce, pero nunca estuvo del lado de la costa. Por alguna extraña razón, en cada verano, veíamos aparecer tramos nuevos de alambrados, que quedaban inconclusos y que se iban interponiendo y nos fueron cerrando poco a poco el paso a la playa. Y nosotros los saltábamos, los escalábamos, hasta que apareció una especie de derecho de admisión, donde pedían documentos, números de matrículas de coches... Y por último apareció una tranquera”, narra la proclama de Los Tucu Tucu, leída frente al edificio del gobierno departamental. Los manifestantes responsabilizan a Voulminot por la situación pero también exigen respuestas a la comuna, que prometió una reunión que hasta el momento no se concretó.

Abre esa portera

El intendente de San José, José Luis Falero, explicó a la diaria que la intendencia no puede tomar medidas hasta que la Justicia se expida sobre el caso. “Con la familia [Voulminot] se mantuvieron reuniones un tiempo, hasta que pusieron la tranquera y rompimos diálogo y lo abrió de vuelta la Dinama, que ahora nos mantiene informados sobre el tema y estamos trabajando en conjunto. Estamos tratando de que se abra esa portera, por lo menos por lo que queda del verano”, aseguró el jerarca. El informe elaborado por Dinama manifiesta que “se entiende pertinente atender a la necesidad de acceso a la playa para uso turístico” e indica que la zona 1 de la playa (de las seis zonas delimitadas por Dinama, la que está en el extremo oeste), a la cual actualmente no se puede acceder, “es la más adecuada para tal fin dado su estado actual y capacidad de recuperación demostrada”. No obstante, plantea como alternativa que se utilice la zona 4, al este de la portera, para lo cual se debería disponer un acceso peatonal elevado y retirar los restos de la vegetación talada. Falero reconoció que “obviamente la zona 4 es la bajada ideal”, pero alegó que “no depende” de su voluntad. Por eso, indicó, la intendencia sugiere construir una bajada alternativa en la zona 5, algo que no convence a los vecinos organizados, debido a que hay rocas y pescadores artesanales que trabajan allí.

En 2016, Voulminot desalojó a uno de los pescadores artesanales y su familia, que vivían en una construcción precaria en un padrón que el empresario considera propio. Ahora, los botes y el viejo ómnibus con la estructura de madera improvisada en la que viven Ruben Sánchez y su familia se encuentran a 2.300 metros de su lugar anterior, sobre el barranco en la zona 5 de la playa Arazatí. En julio de 2019, luego de la protesta por la tala de árboles, Los Tucu Tucu se disponían a comer “en la bajada de Sánchez”, cuando se encontraron con la portera. “Sacamos foto, la subimos a Facebook y la gente empezó a manifestarse y ahí nos enteramos del juicio que había en marcha. Entonces comenzamos a informarnos de que la entrada nos pertenecía como sociedad. La gente acá tiene un desconocimiento bárbaro; yo lo tenía también. No sabíamos que la costa nos pertenecía”, dijo a la diaria Sofía Mansilla, vecina de Villa María, activista social y estudiante de agronomía. “Nosotros quisimos ir a romper la portera pero nos dijeron que nos íbamos a meter en un lío porque había una instancia judicial”, confesó.

Según indicó Mansilla, durante el proceso de negociación, Voulminot quiso llegar a un acuerdo “pero implicaba asumir que [el terreno] era de él”. “Entonces no, que se siga con el juicio. Que se hagan responsables los que se mandaron esta macana. No queremos acordar con ellos, porque ellos saben el daño que nos hicieron”, aseveró la activista, y aseguró que la empresa tampoco se responsabilizó de los restos de árboles talados que quedaron en la playa, los cuales deberá retirar la intendencia si finalmente se construye una bajada alternativa allí.