El gobierno argentino que encabeza Alberto Fernández reformó la ley de Inteligencia, recortando el alcance de las funciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que ya no podrá encargarse de tareas “represivas, policiales y de investigación”, según se expresa en un decreto que se hizo público este jueves.

Tal como había anunciado el mandatario durante su discurso ante el Congreso el domingo, en el inicio de las sesiones ordinarias del Legislativo, el decreto establece que “ningún organismo de inteligencia podrá realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal”, de acuerdo a lo que consignó el portal de noticias Tiempo Argentino.

La Ley de Inteligencia Nacional 25.520, que databa de 2001, establecía una excepción que permitía a los organismos de inteligencia participar como auxiliares de la Justicia en las investigaciones criminales. Esto había cimentado una larga y oscura relación entre jueces y espías, que quizá tenga su ejemplo más emblemático en la investigación nunca concluida sobre el atentado perpetrado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en julio de 1994, en el que fueron asesinadas 85 personas. El proceso judicial sobre este hecho criminal estuvo plagado de irregularidades en las que mucho tuvo que ver la vieja Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), término con el que se denominó hasta 2015 a la actual AFI, a la que el mandatario pretende reperfilar con su decreto.

Entre los argumentos de esta reforma, Fernández consideró que “corresponde limitar de forma urgente ese resquicio legal, que permitió generar y retroalimentar vínculos espurios desarrollados entre organismos de inteligencia y algunos sectores del sistema de Justicia, franqueando la participación de aquellos en funciones totalmente ajenas a sus verdaderas áreas de incumbencia”.

El decreto va en la línea de la intervención de la AFI dispuesta por el presidente pocos días después de asumir su mandato, en diciembre del año pasado. Paralelamente, la intervención de esta entidad del Estado, que funciona bajo la órbita del Poder Ejecutivo, acarreó la derogación de un decreto aprobado durante el gobierno de Mauricio Macri que eliminó el régimen que obligaba a darle transparencia al manejo de fondos del organismo de inteligencia. El mandatario peronista dispuso que estos fondos, que antes eran manejados de manera discrecional por los espías que integraban la AFI, sean destinados íntegramente al plan contra el hambre lanzado por su gobierno.

En el decreto del Ejecutivo también se especifica que los empleados de la AFI no podrán “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.