En Argentina, donde este domingo se informó que hay 1.554 casos positivos de coronavirus (103 más que el día anterior) y 46 fallecimientos (dos más), se percibe que la tregua política que produjo la pandemia podría llegar a su fin.

El foco de la tensión está en la economía y en quién tendrá que hacer el mayor esfuerzo por la situación generada por el coronavirus. Empezó el domingo pasado, cuando el presidente, Alberto Fernández, criticó a los empresarios que despedían a sus trabajadores, les pidió que entendieran que llegó el momento de que ellos ganen menos y los llamó “miserables”. Fue incluso más lejos y el 1º de abril decretó la prohibición por 60 días de las suspensiones laborales y los despidos.

A partir de entonces, en las redes sociales empezó a circular un reclamo, sin un portavoz visible y sin que ningún partido se embanderara con él en un comienzo: que Fernández recortara el sueldo de la clase política, incluido el suyo, para paliar la situación económica.

“Como en Uruguay, diputados del PRO proponen una rebaja del 30% de salarios de funcionarios”, titulaba la semana pasada el diario Perfil, en referencia al opositor Propuesta Republicana (PRO), cuya bancada anunció que ya venía trabajando en una iniciativa en ese sentido. Al mismo tiempo, la coalición Juntos por el Cambio –que gobernó, encabezada por Mauricio Macri, hasta diciembre– le envió una carta a Fernández en la que le pedía que redujera 30% su propio sueldo. En paralelo, se convocaba a cacerolear, medida que después algunos dirigentes de la oposición respaldaron, como la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

La iniciativa generó divisiones en uno y otro lado del espectro político. En Juntos por el Cambio acusaron a Bullrich de respaldar una protesta que puede traducirse en un movimiento “antipolítica”, y a quienes la acompañan, de buscar un rédito político. Uno de los partidos que integran la alianza, Coalición Cívica, de Elisa Carrió, incluso manifiesta en un comunicado su respaldo a quienes están manejando la crisis; menciona directamente al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, pero se dirige a todos.

En el oficialismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, acusó recibo del mensaje y empezó a trabajar en un proyecto de ley que recortaría 40% del salario de los diputados. Al conocerse esta iniciativa, Juntos por el Cambio amenazó con no votar ningún proyecto que no incluya los tres poderes del Estado.

En tanto, los ministros de la Corte Suprema de Justicia anunciaron en una resolución que destinarían 25% de su sueldo a un hospital. En varias provincias también se informó que se harán descuentos generalizados para funcionarios y cargos políticos a partir de determinados montos.

Por su parte, Fernández rechazó totalmente recortar su sueldo en dos oportunidades durante los últimos días. “Cada uno tiene derecho a donar su sueldo si siente que está en condiciones de hacerlo”, dijo antes de señalar que los políticos que lo acompañan “no tienen fortunas” ni “cuentas en el exterior” y “realmente viven de su sueldo”, lo que generó enojo en las redes sociales.

Todo por el efectivo

El viernes reabrieron los bancos, que permanecían cerrados desde el 20 de marzo. Estaban habilitados para pagar jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales, las de siempre y las creadas desde la llegada de la pandemia a Argentina. Decenas de miles de personas se movilizaron en todo el país para cobrar ese dinero, porque no tenían otra manera de hacerlo. Con barbijos y guantes, hicieron cola no sólo en las puertas de los bancos, sino también en los distintos medios de transporte y, más tarde en la jornada, en supermercados y almacenes.

Las colas empezaron en la madrugada. Cuando todavía eran numerosas, el gobierno anunció una serie de medidas para mitigar la aglomeración: se pagaría únicamente a jubilados y pensionistas, se establecería un cronograma de pago según la terminación del DNI y los bancos abrirían sábado y domingo. Pero muy poca gente se fue.

La oposición utilizó Twitter para exigirle al gobierno que tomara medidas. El diputado Mario Negri, jefe de la bancada de Juntos por el Cambio, escribió: “Le pido al presidente que actúe de inmediato y que los responsables sean separados [de sus cargos]. Las responsabilidades se asumen, no se comentan”. Otros opositores pusieron en duda si los que tomaron las decisiones fueron las autoridades o los dueños de los bancos, que en su momento impusieron el cierre de las puertas de todas las sucursales.

El gobierno reconoció que no gestionó bien la situación. “No fue un paso bueno” y “no puedo decir cuáles serán las consecuencias” fueron las declaraciones que brindó este domingo, en una rueda de prensa, el ministro de Salud, Ginés González García. “Es mejor que no se repita”, remató.