La Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género de 5º turno formalizó este miércoles a cinco hombres que habían sido detenidos en el marco de la operación Océano, que investiga una trama de explotación sexual de menores de edad. Entre los implicados está el diputado suplente del Partido Colorado (PC) Nicolás Ortiz, el ex juez de adolescentes Washington Balliva y otros empresarios, quienes fueron imputados bajo la figura de “retribución o promesa de retribución a personas adolescentes de mantener sexo o cualquier otro acto erótico”, previsto en el artículo 4° de la ley de violencia sexual comercial o no comercial cometida contra niños, adolescentes o incapaces.

La investigación comenzó a raíz de las pericias realizadas a los celulares de una adolescente víctima de explotación sexual en Maldonado, que radicó una denuncia en noviembre de 2019. Según consta en el acta de formalización, de los celulares de la menor surgieron los datos de otras menores de edad, quienes también serían víctimas de explotación sexual por hombres mayores de edad, y de los chats con los imputados surge que estos “habrían pagado o prometido pagar” a la adolescente “sumas de dinero o estupefacientes a cambio de que la misma les realizara actos sexuales de diversos tipos, incluido el envío de fotografías de contenido sexual”.

El programa Las cosas en su sitio, de Radio Sarandí, informó que entre los involucrados se encontraba un diputado suplente del PC, lo que fue confirmado luego de la audiencia judicial por el sector Ciudadanos. En el comunicado, Ciudadanos informó que se trata de Ortiz, a quien se le suspendió “preventivamente” en el ejercicio de sus derechos como afiliado al sector. Además, el sector solicitó a las autoridades del partido que también lo suspenda preventivamente de sus derechos de afiliado y que lo denuncie ante el Comité de Ética y Conducta Política de dicha colectividad.

Hasta ahora Ortiz se desempeñaba como docente de Física en el Elbio Fernández. Ayer a última hora, la institución envió un comunicado a su comunidad educativa diciendo que si bien “recién se ha iniciado la investigación, la gravedad de los hechos imputados obliga a la Escuela y Liceo Elbio Fernández a no poder esperar y tomar medidas inmediatas”. El centro educativo resolvió finalmente desvincularlo del cargo docente que ejercía.

El líder de Ciudadanos, el canciller Ernesto Talvi, escribió en su cuenta de Twitter que siempre defenderá la “presunción de inocencia”, pero que su grupo “no habrá de tolerar conductas que atenten contra la decencia básica en ninguna dimensión”, por lo que respaldó las medidas anunciadas por el sector.

Uno de los hombres fue imputado por el delito de prometer pagar a una adolescente a cambio de la ejecución de actos sexuales reiteradamente, a cambio de drogas. A un segundo se lo acusa de pagarle a una adolescente a cambio de la ejecución de actos sexuales, así como de suministrarle estupefacientes. Los tres restantes (entre ellos Ortiz) fueron imputados por pagarle a una adolescente a cambio de actos sexuales.

La fiscal Darviña Viera confirmó en una rueda de prensa que como medidas cautelares los imputados deberán fijar domicilio y no acercarse o comunicarse por ningún medio con las víctimas por 180 días. Fuentes cercanas a uno de los formalizados dijeron a la diaria que las medidas cautelares no guardan relación con la gravedad del delito, sino con el entendimiento de que no existía riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. Asimismo, las mismas fuentes señalaron que no hay elementos para hablar de una red de explotación, porque los imputados no se conocían entre sí.

Según consta en el documento de formalización, Viera consideró que el caso “trata de una situación de grave vulneración de los derechos de una adolescente al extremo tal de que se la toma por los encausados como una mercancía, como un objeto del cual, de distintas formas, cada uno de los adultos imputados extrajo, de forma ilegítima, beneficios para su propio provecho”. Asimismo, solicitó para los imputados la suspensión en el ejercicio de la patria potestad o guarda respecto de sus hijos y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen tratos directos con niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia.

Viera también sostuvo que el caso “no necesariamente” tiene relación con la adolescente encontrada muerta en marzo a orillas del arroyo Solís Chico, en Canelones, aunque todavía se investiga la situación. Lo último que se supo de la joven es que iba a la terminal de Tres Cruces con destino a Punta del Este. La chica y una amiga, que habría sido explotada sexualmente en un balneario de Maldonado, habrían denunciado a un hombre mayor de edad por abuso sexual, y este habría alegado extorsión.

Tras conocerse la noticia, el senador y secretario general del PC, Julio María Sanguinetti, aseguró en declaraciones a Radio Universal que si se confirma la culpabilidad de Ortiz, “naturalmente se lo desvinculará [del partido], como corresponde”.