Si bien el presidente, Luis Lacalle Pou, había aprobado un decreto de austeridad fiscal en los primeros días de su mandato para limitar a un tercio las renovaciones de las vacantes que se generen en la administración pública, este martes decidió modificar parte de su redacción.
¿Qué implica el cambio? Ampliar las excepciones pero para un sector particular. El decreto original preveía dejar por fuera de esta norma al personal docente, profesional técnico y especializado de la salud, además del personal del Ministerio del Interior “avocado directamente a tareas de seguridad” (o sea, la Policía). El nuevo decreto aprobado por Lacalle Pou le agregó a esa lista el personal del Ministerio de Defensa Nacional de escalafón K (“militar”).
El ministro de Defensa Nacional, Javier García, explicó a El Observador que sin la excepción “se perdería el equivalente a tres batallones por año en el Ejército, o lo equivalente a la Policía aeronáutica en la Fuerza Aérea o similar en la Armada”. Además, aseguró que se trata de personal “dedicado a todas las tareas básicas y principales”, como “misiones de paz, fronteras, ayuda alimentaria y social, covid-19, control de mar y soberanía y control espacio aéreo”. Por eso, argumentó que topear su reposición de vacantes podría suponer el “riesgo de dejar sin operatividad a las fuerzas”.
El decreto tomó por sorpresa a la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE). Su secretario general, Joselo López, dijo que el cambio “llama poderosamente la atención”. “A los sectores productivos del Estado, como los Ministerios de Vivienda, de Transporte, de Ganadería y de Desarrollo Social, donde hay serias dificultades desde el punto de vista de la cantidad de contratos, se les limita la cantidad de vacantes, pero de un día para el otro salta este decreto que libera todas las vacantes para los militares”, expresó. López dijo que sus declaraciones eran a título personal, ya que el tema no fue analizado por COFE. “Posiblemente saquemos un pronunciamiento al respecto”, adelantó.