La jueza de Crimen Organizado María Elena Maynard dictará sentencia el 8 de junio sobre el pedido de extradición de la contadora Maya Cikurel, pareja del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, quien cumplía prisión domiciliaria desde febrero por haber sido denunciada por presuntas implicancias en el caso de la constructora brasileña Odebrecht. En una audiencia judicial celebrada este martes, se resolvió levantar las medidas cautelares, y la requerida quedó en libertad, aunque con retención de pasaporte y la obligación de presentarse en la seccional policial una vez por semana.

A la salida de la audiencia, en el juzgado de Bartolomé Mitre, el fiscal Ricardo Lackner explicó a la prensa que en la instancia de este martes la jueza dio noticia a la defensa de Cikurel, el abogado Gonzalo Fernández, del pedido formal de extradición que llegó de Panamá. Luego, la defensa opuso sus objeciones y Fiscalía argumentó a favor de la solicitud, en el entendido de que “se cumplieron las formalidades y que correspondería hacer lugar al pedido de extradición”. Lackner aclaró que “el proceso extraditorio es un proceso formal” en el que “no se resuelve ni la inocencia ni la culpabilidad de la persona”, sino “si esa persona debe ser entregada a otro Estado para ser juzgada”.

El fiscal explicó que en este caso el pedido se ajusta a las previsiones del Tratado de Extradición firmado entre Uruguay y Panamá. “La regla, según el artículo primero del Tratado, es brindar la cooperación, y la excepción es negarla”, dijo. Por otra parte, señaló que en este proceso la Fiscalía interviene como “dictaminante técnico”, es decir, “como abogado de la ley”, debido a que el Estado panameño no designó un abogado local. No obstante, indicó que “se ha reconocido que [Fiscalía] es un sujeto procesal que tiene la facultad de apelar”, así como la defensa.

En ese sentido, explicó que la decisión de la jueza en primera instancia puede ser apelada por la defensa e ir a segunda instancia e incluso a casación. Lackner sostuvo que “los procesos de extradición llevan su tiempo”, y, aunque no pudo precisarlo con exactitud, estimó que puede requerir “varios meses”. Al respecto, manifestó que la defensa no adelantó si piensa apelar, pero señaló que “la práctica indica que en caso de que no les resulte satisfactorio utilicen todos los medios impugnables”.

Lackner explicó que el primer pedido de Panamá se remonta a febrero de 2018, cuando solicitó que el Estado uruguayo tomara declaraciones a Cikurel en calidad de indagada. En ese momento, Uruguay denegó el pedido, “porque el derecho uruguayo requiere que para declarar como indagado se encuentre asistido por un abogado, pero, obviamente, en ese caso tenía que ser un abogado que conociera el derecho panameño, entonces no se podía cumplir con las garantías”, indicó el fiscal. Fue entonces cuando le sugirió al Estado panameño que pidiera la extradición.

Cikurel fue detenida en febrero de este año cuando se disponía a cruzar desde Colonia hacia Buenos Aires junto con Da Silveira. Tenía una alerta roja de Interpol desde abril de 2019.