Uno de los casos había tomado estado público el 17 de mayo: Andrés Ojeda comunicó ese día desde sus redes sociales que dejaba de ser el abogado del diputado colorado suplente Nicolás Ortiz, uno de los 11 imputados por explotación sexual de menores en el marco de la Operación Océano. Ojeda defendió a Ortiz en las primeras actuaciones penales posteriores a su detención “cumpliendo nuestro rol de manera netamente profesional”, según detalló. Cuando el sector Ciudadanos, que ambos integran, suspendió a Ortiz tras la formalización, Ojeda resolvió no continuar al frente de su defensa.

Otros dos profesionales que habían participado como defensores en la primera audiencia del miércoles 13 de mayo decidieron no continuar con esa tarea: se trata de los abogados y socios Diego Camaño y Rodrigo Martínez. Camaño explicó a la diaria que participó en esa primera instancia a pedido de un ex alumno de la Facultad de Derecho. “La persona ya estaba detenida y actué por una urgencia del momento, pero después decidí no seguir más con el tema”, confirmó.

El abogado penalista considera que este tipo de decisiones “siempre son personales”. “Es cierto que todas las personas tienen derecho a la defensa, pero los abogados particulares también elegimos qué causas agarramos y qué causas no agarramos”. En su opinión, no se trata de establecer “fórmulas” al respecto, ya que las evaluaciones son “caso a caso” y dependen “de múltiples factores”. “Yo en este caso opté por no seguir”, afirmó Camaño, y recordó que en el pasado tomó alguna decisión similar ante la posibilidad de defender a militares investigados por violaciones a los derechos humanos en dictadura.

Hasta el momento son 11 los imputados en el marco de la Operación Océano. La Fiscalía Penal de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y de Género, a cargo de Darviña Viera, imputó a cinco personas el 13 de mayo, entre ellos Ortiz, y al ex juez de menores Washington Balliva, y una semana después a otros seis hombres, entre ellos un integrante de la lista 40 del Partido Nacional, que ya fue desvinculado del sector, y también al empresario Ariel Pfeffer, uno de los voceros de la campaña “Nos cuidamos entre todos”, que donó más de 4,5 millones de dólares al Fondo Coronavirus. Su nombre tomó estado público porque el Partido Digital emitió el 22 de mayo un comunicado para suspenderlo como afiliado y para informar que su caso había sido enviado al Tribunal de Disciplina partidario.

Por otra parte, el periodista Gabriel Pereyra publicó en su cuenta de Twitter que el jueves 21 de mayo Pfeffer abandonó su cargo de director de Piso 40, el club de ejecutivos que funciona en el World Trade Center. La renuncia fue aceptada por el directorio de Piso 40 “en el mismo acto”, informó Pereyra.