“Le pido a Dios que no tengamos problemas esta semana. Llegamos al límite: no hay más conversación. De aquí para adelante no sólo exigiremos, sino que haremos cumplir la Constitución, y será cumplida a cualquier precio”, aseguró ayer el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien no para de avivar la crisis política generada a su alrededor, que cada vez tiene más frentes.

Bolsonaro participó ayer en una movilización convocada por sus seguidores para exigir el fin de la interferencia del Congreso y, sobre todo, de la Justicia en las políticas del gobierno, así como la intervención militar de esos dos poderes, en pos de defender el Ejecutivo. El mandatario ya había estado en estas marchas –la última de ellas, a mediados de abril– y su presencia había recibido críticas, que ayer fueron reiteradas.

En este encuentro hubo no sólo más gente que en ocasiones anteriores, sino también agresiones a los trabajadores de los medios de comunicación, que van en línea con el discurso de Bolsonaro, quien los acusa de mentir.

“Tenemos el pueblo de nuestro lado; tenemos a las Fuerzas Armadas del lado del pueblo, de la ley, del orden, de la democracia y de la libertad. Y, lo más importante, tenemos a Dios con nosotros”, dijo Bolsonaro ante los aplausos de sus seguidores. El día anterior estuvo reunido por varias horas con los comandantes en jefe de las tres fuerzas y tres ministros de su círculo más cercano.

El gobierno y la Justicia

El encuentro no formaba parte de la agenda oficial y no hubo pronunciamientos ni comunicados posteriores, salvo del Ministerio de Defensa, que a las consultas de los medios respondía con un escueto texto, en el que decía que fue para “hacer una evaluación del trabajo de las Fuerzas Armadas en la Operación de Combate al Coronavirus, así como de aspectos de la coyuntura”. En la reunión no participó ninguna autoridad del área de la salud.

El diario Folha de São Paulo informó que en esa reunión Bolsonaro se quejó por lo que considera “una constante interferencia” del Poder Judicial en su gobierno. Incluso manejó la posibilidad de desobedecer alguna medida del Supremo Tribunal Federal (STF). Al parecer, se refería a si le ordena que dé a conocer el resultado de los test de diagnóstico de coronavirus que se le hicieron hasta ahora. El diario Estado de São Paulo impulsa un recurso con esa solicitud, ya que Bolsonaro se negó a mostrar esos resultados.

Han sido varias las decisiones judiciales contrarias a los intereses de Bolsonaro en los últimos días, especialmente las dispuestas por el STF. La última fue la del juez Celso de Mello, quien suspendió una orden del Ejecutivo de expulsar a diplomáticos venezolanos que debían retirarse del país antes de este sábado, argumentando que volver a su país implica un peligro para su salud.

El gobierno, Moro y la Policía Federal

Pero la decisión judicial que más indignó a Bolsonaro últimamente fue la que anuló la designación de Alexandre Ramagem como director de la Policía Federal, por su cercanía con los hijos del presidente, quienes, además, están siendo objeto de investigaciones de esa misma institución.

La salida del anterior director, Maurício Valeixo, y la llegada de Ramagem ya habían generado un gran problema para Bolsonaro: la salida del ex juez y ahora ex ministro de Justicia, Sérgio Moro, visto por una parte de la sociedad como un héroe contra la corrupción –y por otra como un operador político– por haber dirigido la operación Lava Jato. Moro dejó su cargo mientras acusaba a Bolsonaro de “interferir políticamente” en la Policía y sus investigaciones.

Después de las acusaciones de Moro, el STF autorizó a la fiscalía a abrir una investigación sobre la actuación de Bolsonaro, como parte de la cual el ex juez dio una declaración el sábado. Medios locales informaron que Moro estuvo más de ocho horas declarando y presentó conversaciones, audios y correos electrónicos que prueban que hubo, por lo menos, intentos de interferir en la Policía Federal.