La línea telefónica Disque 100 fue creada en Brasil en 1997 para atender denuncias de violencia y violaciones a los derechos humanos, y desde 2003 depende del gobierno federal, actualmente del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos. Entre las denuncias se incluyen las de violencia doméstica y de género, y también la ejercida por policías contra civiles. A partir de esos datos, se elabora un informe anual.
Pero esta vez el gobierno que encabeza Jair Bolsonaro omitió dar información sobre las denuncias contra la Policía. Los números sobre violencia policial, según informó la agencia de noticias Reuters, figuran en los informes de los años 2017 y 2018, pero en el de 2019, divulgado en mayo y que recoge las denuncias que se hicieron durante el primer año de gobierno de Bolsonaro, ni siquiera se menciona la denominación “violencia policial”.
En los informes más recientes, este tipo de violencia venía en aumento. En 2016 las denuncias de abusos policiales fueron 1.009, en 2017 aumentaron a 1.319 y en 2018 llegaron a 1.637.
En un comunicado, el ministerio que encabeza la pastora evangélica Damares Alves dijo que los datos sobre violencia policial no fueron divulgados “porque fueron indentificadas inconsistencias en estos registros”. La cartera agregó que estas denuncias serán analizadas en un “estudio más profundo” antes de su difusión.
Desde los tiempos en que fue diputado, el ultraderechista Jair Bolsonaro siempre fue un firme defensor del Ejército y la Policía, y varias veces se manifestó a favor de lo que él llama “exclusión de ilícito”, mecanismo por el cual no se aplicaría sanción alguna contra integrantes de las fuerzas de seguridad por actos cometidos en el ejercicio de su función. Entidades dedicadas a los derechos humanos entienden que esta idea de Bolsonaro constituye una especie de carta blanca para los abusos por parte de los efectivos policiales.
Para la fiscal del Ministerio Público de Río de Janeiro, Andrea Amin, que investiga asesinatos cometidos por policías en ese estado, la omisión de información sobre la violencia policial en el informe “era esperable”. Según dijo a Reuters Amin, Bolsonaro “no cree que la violencia policial sea una violación a los derechos humanos. Para él toda acción policial es legal, legítima y necesaria, y todos los que se oponen a esta son delincuentes”. Agregó: “Así de básico es nuestro presidente”.
“El Ministerio Público Federal tiene un área de derechos humanos y ellos deberían cuestionar, aunque sea mínimamente, este cambio de criterio en el informe. La omisión de estos datos debe ser justificada”, dijo Amin.
Por su parte, Ariel de Castro Alves, abogado e integrante del grupo Tortura Nunca Más, dijo a Folha de São Paulo que la decisión de no difundir estos datos en el informe parece haber sido tomada debido a “alguna orden”, pensando en las bases de Bolsonaro, “que tiene su principal apoyo en las policías estaduales” y “especialmente en los policías militares, que son los principales denunciados”. Para Alves, “es inaceptable e inusitado no tener el registro de violencia policial dentro de las violaciones a los derechos humanos, más aun teniendo en cuenta los antecedentes históricos de este ítem”.
“Si hablamos de violación a los derechos humanos, lo primero que se nos viene a la cabeza es la violencia policial. Esta omisión es hacer de cuenta que la violencia policial no existe en Brasil”, agregó.
Para el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Brasil, Hélio Leitão, la exclusión de estos datos por parte de la administración de Bolsonaro no es sorpresiva, debido a la falta de transparencia que a su entender hay en el actual Ejecutivo. “Parece que hay algo que esconder”, dijo Leitão, y agregó que “todos los indicios apuntan a un aumento notorio de la violencia y de la letalidad policial en todo el país”.
“Hay datos –para hablar de sólo un estado donde esa cuestión es crónica– de que durante el año 2019 la letalidad policial aumentó 92% en el estado de Río de Janeiro. Nada más ni nada menos que 92%”, agregó. Según Leitão, existe un vínculo directo entre el aumento de la violencia policial y los discursos de los altos funcionarios, en este caso del gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, abogado y ex marino, que llegó al cargo con un perfil político agresivo y proclive al uso de la fuerza. “Vemos un vínculo directo de las señales dadas por el representante más alto del gobierno en relación con un incentivo real a la violencia y la letalidad policial”, agregó Leitão.
En su opinión, este fenómeno surge también desde el Palacio de Planalto, la sede del Ejecutivo brasileño. “Cuando tenemos un presidente de la República que fomenta este discurso de violencia y de eliminación del otro, ese reflejo es inevitable”, concluyó.