El presidente argentino, Alberto Fernández, se reunió en las últimas horas de la tarde de este jueves con el gerente de la empresa Vicentin, Sergio Nardelli, en la Quinta de Olivos, para analizar la situación de la cerealera, cuya intervención se concretó en la tarde de este jueves, cuando el subinterventor Luciano Zarich ingresó a la sede administrativa de la empresa, cuya sede se encuentra en la localidad de Avellaneda, en la provincia de Santa Fe, de acuerdo a lo que informó la agencia Télam.

El lunes, el mandatario había anunciado la intervención de la empresa y el envío de un proyecto de ley al Congreso para la declaración de la utilidad pública y la expropiación de la cerealera, que entró en concurso de acreedores en diciembre del año pasado.

El miércoles el presidente argentino mantuvo una comunicación telefónica con Nardelli, que el mandatario calificó de “muy buena”. En su diálogo con el empresario, Fernández le aseguró que lo que pretendía su gobierno era “preservar la empresa en manos argentinas” y que esto “no debería ser motivo de pelea, porque lo que estamos haciendo es rescatar a una empresa de la quiebra”.

Ese mismo día, cuando la intervención aún no había sido efectivizada, hubo una movilización en la localidad de Avellaneda, propiciada por el intendente Dionisio Scarpín, perteneciente a la Unión Cívica Radical, quien declaró durante el acto: “No estamos de acuerdo en expropiar la propiedad privada. El país se ha desarrollado en base a empresas como Vicentín, y es nuestro recurso humano el que ha hecho grande a la región”, según consignó Infobae.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, en diálogo con El Destape Radio, consideró necesario preservar una empresa que opera casi 10% del comercio exterior de granos, y alentó que “toda captura de valor en la economía no sea trasladada a sectores transnacionales”. El secretario de Estado remarcó la importancia de que la empresa “quede en manos argentinas, ante el riesgo concreto de que la empresa se venda a precio de quiebra y la altísima chance de que la Argentina pierda una compañía de relevancia económica y simbólica”.

Basterra aseguró además que la decisión del gobierno “está libre de sospecha de ser no racional o arrebatada”, ya que se busca preservar las fuentes de trabajo dentro del capital nacional, mientras que YPF “va a dar garantía de una gestión eficiente, como mostró en los hidrocarburos y la provisión de insumos agropecuarios”.

El jerarca agregó también que la medida de intervenir esta empresa se dio con la idea de tener “soberanía alimentaria”, y, a propósito de este concepto, dijo que “se trata del derecho de los pueblos a garantizar la alimentación de sus ciudadanos con las pautas culturales y las necesidades de salud de un derecho humano esencial”.