En la madrugada de este jueves el Parlamento turco aprobó, con los votos favorables del oficialista Partido de la Justicia y el Desarrollo y de sus aliados del Partido de Acción Nacionalista, una controvertida ley por la cual se otorgará a los vigilantes de barrio, una figura tradicional muy extendida en el país, poderes similares a los que tiene la Policía, como el porte de armas o la autorización para realizar detenciones, informó el diario turco BirGün.

La agencia de noticias Efe consignó que los guardias nocturnos conforman una estructura creada en 2016, tras el fallido golpe de Estado contra el gobierno que preside el islamista Recep Tayyip Erdoğan y que actualmente cuenta con unos 28.000 integrantes. Los integrantes de este cuerpo, que reciben una breve formación antes de salir a vigilar las calles, hasta ahora podían portar únicamente cachiporras y silbatos para avisar a la Policía de posibles delitos. Con la nueva normativa los vigilantes nocturnos están autorizados a llevar armas y a tomar medidas para detener a sospechosos y retenerlos. También pueden detener a personas sobre las que pesa una orden de arresto para entregarlas luego a la Policía, además de detener vehículos y realizar cacheos y revisaciones a transeúntes.

La decisión fue duramente criticada por los legisladores opositores durante el debate parlamentario, así como por organizaciones de derechos humanos, que cuestionan que se le otorguen poderes policiales a un cuerpo con escasa formación en seguridad. El principal partido de la oposición, el socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP), fue un paso más allá y acusó al presidente de querer crear una “milicia” leal a su partido. “Turquía tiene una tradición de guardias nocturnos que protegen el barrio, pero esta ley trata de dar poder a una fuerza militar armada de Erdogan”, comentó a Efe Yildirim Kaya, vicepresidente del CHP.

El parlamentario opositor agregó que “si se arma a estas personas sin educación y se las deja salir a la calle, podrán verse escenas similares a las de [el asesinato de George] Floyd en Estados Unidos”, ocurrido el 25 de mayo en la ciudad de Minneapolis a manos de un policía. En abril el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el portugués António Guterres, había advertido que la emergencia sanitaria por el coronavirus podría dar a algunos países una excusa para adoptar medidas represivas por razones ajenas a la pandemia, y aseguró que esta crisis podría derivar en violaciones severas a los derechos humanos, algo que calificó de “inaceptable”.