Estados Unidos nunca integró la Corte Penal Internacional (CPI), creada en 2002, pero la distancia con este tribunal creció desde que Donald Trump es presidente.
En un discurso que dio ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2018, Trump cuestionó la “legitimidad y autoridad” de ese tribunal, y este jueves llegó a acusarlo de corrupción.
Pero a diferencia de lo que hizo el gobierno estadounidense con otros ámbitos multilaterales que integraba, en este caso no pudo abandonarlo. Durante la administración actual, Estados Unidos dejó la Organización Mundial de la Salud, a la que Trump acusó de mentir acerca del manejo de la pandemia de coronavirus para defender a China. También se retiró del Consejo de Derechos Humanos, al que su embajada ante la ONU acusó de ser hipócrita y de actuar con parcialidad contra Israel. Con cuestionamientos similares, el país se retiró de la UNESCO, abandonó el acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Irán y varios tratados sobre armamento.
Esta vez, las críticas fueron acompañadas por otras medidas: Trump ordenó este jueves sanciones contra aquellos funcionarios de la CPI que investiguen o procesen a militares estadounidenses, que pueden abarcar desde restricciones para obtener la visa para entrar al país hasta el bloqueo de propiedades y activos que tengan allí. “El presidente autorizó sanciones económicas contra funcionarios de la corte directamente implicados en un esfuerzo para investigar a personal de Estados Unidos sin el consentimiento de Estados Unidos”, anunció este jueves en un comunicado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.
“Las acciones de la CPI son un ataque contra los derechos del pueblo estadounidense y amenazan con socavar nuestra soberanía nacional”, manifestó el gobierno en el comunicado. Argumentó que La Haya no tiene jurisdicción para investigar supuestos crímenes de Estados Unidos porque el país no firmó nunca el Tratado de Roma, que enmarca a ese tribunal.
Con estas sanciones, Trump busca evitar que se investiguen supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por militares de Estados Unidos en Afganistán. Una investigación al respecto había sido solicitada en 2017 por la fiscal general de la corte, la gambiana Fatou Bensouda, quien argumentó que existen “bases razonables para creer” que las fuerzas estadounidenses, las milicias del Talibán y los militares afganos pudieron haber cometido crímenes de ese tipo.
La investigación quedó sin efecto por un fallo de una cámara de la CPI del año pasado, pero Bensouda apeló y finalmente, en marzo, la corte dio su aval para investigar esos posibles crímenes. En su sentencia, la CPI consideró que tiene jurisdicción para investigarlos.
También Bensouda fue sancionada por el gobierno estadounidense, que el año pasado le revocó su visa. Para la Casa Blanca, según el comunicado emitido este jueves, hay “fuertes razones para creer que hay corrupción y mala conducta en los más altos niveles de la Oficina del Fiscal” de la CPI. Se agrega que, a pesar de advertencias de Estados Unidos, esa corte “ha seguido llevando adelante investigaciones motivadas políticamente” contra ese país y sus “aliados, incluido Israel”.
El portavoz de la ONU, el francés Stéphane Dujarric, dijo que tomaba nota de este anuncio con preocupación. Según informó la agencia de noticias Efe, Dujarric manifestó que la organización va a seguir “muy de cerca” este asunto. El funcionario, además, recordó que el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, aseguró que en caso de que se aplicaran restricciones para el ingreso a Estados Unidos de funcionarios de la CPI, se respetarían los acuerdos que su país tiene con la ONU, debido a que la sede de esa organización se encuentra allí, en Nueva York. Estos acuerdos establecen, por ejemplo, que se debe permitir que diplomáticos de la ONU accedan a esa sede.
También manifestó su preocupación por este tema el alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, el español Josep Borrell. Durante una conferencia de prensa, en la que fue consultado acerca de estas sanciones, respondió que la UE apoya “firmemente a la CPI”, que “ha venido desempeñando un papel clave en impartir justicia internacional y lidiar con los crímenes internacionales” y “es un factor clave para la justicia y la paz”.
Entre las voces que criticaron estas sanciones se encuentra la organización Human Rights Watch. En un comunicado manifestó que la decisión “demuestra un desprecio por el Estado de derecho global”, y es “un esfuerzo para impedir que víctimas de crímenes muy graves, ya sea en Afganistán, Israel o Palestina, busquen justicia”.