El fiscal federal Juan Pablo Curi pidió que se eleve a juicio oral y público una investigación contra cuatro herederos de un integrante de la banda del agente parapolicial Aníbal Gordon. Son sospechosos de lavado de activos, y la causa se centra en la venta de terrenos comprados con dinero proveniente de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Según informó la agencia Télam citando fuentes judiciales, los acusados son hijos del represor Leonardo Miguel Save, que fue un ex agente inorgánico de la desaparecida Secretaría de Inteligencia del Estado y una persona de confianza de Gordon en las acciones de represión ilegal que se llevaron a cabo en el centro clandestino de detención de Automotores Orletti.
Los imputados son los hermanos María Natalia, Ana María, Marcelo Leonardo y María Eugenia Save, quienes habrían participado desde 1999 en una serie de actos irregulares con el objetivo de disimular el origen de unos lotes de terrenos adquiridos por Gordon y sus colaboradores en 1976.
Las propiedades en cuestión están ubicadas en la localidad bonaerense de Chascomús y, de acuerdo con las pruebas recabadas por la Justicia argentina, fueron compradas con parte del dinero que se robó del domicilio de Alberto Mechoso, militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) exiliado en Argentina y desaparecido el 26 de setiembre de 1976 en Buenos Aires. Ese día, la denominada patota de Gordon junto con un grupo de militares uruguayos irrumpieron en la casa de Mechoso y se llevaron una suma que oscila entre los dos y los ocho millones de dólares.
Según informó la página fiscales.gob.ar, se sospecha que los imputados intentaron disimular la titularidad real y el origen del dinero con el que fueron adquiridos los terrenos. Finalmente, en el 2008 lograron registrarlos a su nombre y administrarlos, incluso hasta la actualidad, aunque se dictó un embargo en 2018 en el marco de esta causa, por unos 6.500 millones de pesos argentinos, aproximadamente 91 millones de dólares.