Numerosas repercusiones vienen teniendo en Brasil las acusaciones realizadas por el fiscal general de la República, Augusto Aras, quien en la noche del martes, durante la transmisión en vivo a través de la web de un debate sobre temáticas judiciales, afirmó, refiriéndose a la operación Lava Jato, que “en todo el Ministerio Público Federal es la única operación que tiene 40 terabytes” de información acumulada en forma ilegal.
Para su funcionamiento, la oficina de investigación de la Lava Jato en la ciudad de Curitiba “tiene los datos de 38.000 personas que no se sabe de qué manera fueron recolectados. Es inimaginable que una unidad institucional esté hecha con base en secretos, en cajas de secretos”, afirmó Aras, quien desde hace largo tiempo está enfrentado con los principales fiscales de esta enorme investigación, a quienes acusa de actuar en forma autónoma, por fuera de cualquier control por parte de la Fiscalía General de la República (PGR, por sus siglas en portugués).
A propósito de los dichos de Aras, este miércoles Paulo Pimenta, diputado federal por el Partido de los Trabajadores (PT) por el estado de Rio Grande do Sul, expresó desde su cuenta de Twitter que la elaboración de una base de datos que incluye informaciones sobre miles de personas, entre las que hay parlamentarios y jueces, por medio de un sistema paralelo revela la existencia de “un estado policial dentro del país. Estamos ante una afrenta al Estado de Derecho que no puede ser tolerada impunemente por el Supremo Tribunal Federal y por el Congreso”.
Por esta razón el legislador pidió la apertura en la Cámara de Diputados de una comisión investigadora sobre la Lava Jato, y solicitó además que el STF, conjuntamente con el Ministerio Público Federal (MPF), actúen para identificar y sancionar a los responsables de estas operaciones por fuera de la ley, según informó el portal Brasil247.
Para Pimenta, es necesario saber quiénes son las 38.000 personas investigadas irregularmente, además de si entre ellas hay senadores, diputados, abogados, ministros del STF o del Tribunal Superior de Justicia, además de sus familiares. Asimismo, el diputado reclamó que se sepa qué material contienen los 50.000 documentos que están bajo la órbita de la operación Lava Jato y si existió algún tipo de autorización para la realización de estas acciones. “¿Por qué existe un sistema paralelo? Esas son preguntas que únicamente una comisión investigadora puede responder”, afirmó.
Por su parte, Aras dijo que “la idea no es que la PGR sea dueña del destino de 38.000 personas, sino que todo el MPF puede, de forma fundamentada, justificar el motivo por el que se quiera saber de la vida ajena, para que eso no sirva para cometer chantajes o extorsiones”. El jerarca judicial fue más allá y dijo que “es inaceptable que existan 50.000 documentos opacos dentro del sistema. Es incompatible que estemos en una situación en la que la PGR ni los órganos superiores no puedan tener acceso a esa información”.
El tema también fue abordado en la mañana del miércoles por el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, representante del partido centroderechista Demócratas, quien expresó que “el Ministerio Público es un órgano fundamental para nuestro país, para nuestra democracia, para nuestro futuro, para nuestro desarrollo. El trabajo que ellos hacen es fundamental, pero me da la impresión de que muchas veces no les gusta ser fiscalizados”.
De acuerdo a lo que consignó Folha de São Paulo, Maia criticó el hecho de que el fiscal general Aras, quien es responsable por todas las acciones del MPF, no pueda tener acceso a informaciones que están dentro de la estructura del órgano.
“Creo que la parte que se cumple es la de controlar a los otros, pero no está controlado el accionar del Ministerio Público”, afirmó Maia, de 50 años de edad, quien preside la Cámara de Diputados desde el derrocamiento de Dilma Rousseff, en el año 2016, y recordó además episodios en los cuales votaciones que se iban a realizar dentro del Legislativo eran precedidas por conferencias de prensa en las que integrantes de la operación Lava Jato criticaban los temas que iban a ser puestos a consideración por los diputados.
Sobre este punto, Maia dijo: “Yo les recuerdo que en un país que pretende ser democrático, la libertad de prensa en fundamental, como así también la libertad de expresión, pero el respeto el debido proceso también es fundamental, porque si eso no existe no estamos ante una democracia”.
Mientras tanto el ex ministro de Justicia y Seguridad Pública Sérgio Moro, quien ganó inmensa notoriedad local e internacional por ser el juez de la operación Lava Jato, respondió a las acusaciones de Aras con un escueto mensaje en su cuenta de Twitter.
“Desconozco la existencia de secretos ilícitos dentro del ámbito de la Lava Jato. Al contrario, la operación siempre fue transparente y sus decisiones fueron confirmadas por los tribunales de segunda instancia y también por los integrantes de tribunales superiores, como el STJ y el STF”, escribió Moro, quien desde que renunció al ministerio que el presidente Jair Bolsonaro le había asignado luego de tener desavenencias con el mandatario comenzó a pensar en su candidatura para las elecciones presidenciales que se realizarán en el año 2022.