65 organizaciones presentaron ante la Corte Penal Internacional una denuncia contra el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, por crímenes contra la humanidad por su gestión de la pandemia de coronavirus.

La Central Única de los Trabajadores, la Unión General de los Trabajadores y decenas de sindicatos vinculados a la salud indican en el escrito que Bolsonaro menospreció la gravedad de la pandemia y que su actitud de “desprecio, negligencia, negativismo” tuvo consecuencias “desastrosas”: la aceleración en el contagio y la saturación de los servicios médicos, que “se encontraron sin condiciones para brindar asistencia”, lo que derivó en numerosas muertes. “La omisión del gobierno brasileño caracteriza un crimen de lesa humanidad: el genocidio”.

En su escrito, recuerdan que los gobernadores de los distintos estados, el Congreso y hasta el Supremo Tribunal Federal (STF) tomaron medidas excepcionales para que el presidente pudiera “dar respuestas inmediatas y seguras” ante el coronavirus, pero Bolsonaro optó por no adoptarlas. Entre otras cosas, recuerdan su oposición al aislamiento social y su respaldo a la cloroquina e hidroxocloroquina como medicamentos para tratar el virus, pese a que hay evidencia científica en el sentido contrario, y a la oposición de dos de los tres ministros de Salud que ha tenido Brasil desde el comienzo de la pandemia.

También se mencionan en el escrito algunas declaraciones del juez del STF Gilmar Mendes, crítico con la gestión de Bolsonaro. En mayo el magistrado indicó en un fallo que “la Constitución Federal no autoriza al presidente de la República, o a cualquier otro gestor público, a implementar una política genocida en la gestión de la salud”. A comienzos de julio dijo que el gobierno estaba llevando adelante un “genocidio”.

Los números de Brasil: de acuerdo con las cifras oficiales difundidas este domingo, Brasil diagnosticó 2,4 millones de casos de coronavirus y allí murieron 87.052 personas por la enfermedad.

Además, revelan que los funcionarios que trabajan en la residencia presidencial fueron impedidos de hacer cuarentena después de que el mandatario diera positivo a un test de coronavirus. “No hay protocolo médico que recomiende adoptar medidas de aislamiento por el simple contacto con casos positivos de covid-19”, indica una nota oficial que les entregaron en ese entonces, en la que también se recomienda el lavado de manos y el distanciamiento físico.

En la denuncia también se enumeran los llamados de atención de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y la Organización Mundial de la Salud, y se critica la escasez de productos para enfrentar la pandemia en los centros de salud y la falta de asistencia del gobierno. “La mayoría de la población está totalmente desasistida y en riesgo por la omisión del Poder Central”, indica la denuncia.

Los sindicatos detallan que recurren a la Corte Penal Internacional porque dentro de Brasil los distintos órganos de control no han mostrado interés en evaluar la actuación de los responsables desde el comienzo de la pandemia, entre ellos Bolsonaro. Incluso citan un documento en que el Ministerio Público presenta “criterios de actuación en la fiscalización de las políticas públicas” y señala que se debe respetar la autonomía administrativa de los gestores y que “ante la falta de consenso científico (...) es atribución legítima del gestor la elección de una entre varias posiciones dispares y/o antagónicas”.