Aunque los restos del dictador Francisco Franco fueron exhumados del Valle de los Caídos en octubre, la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de España tenía pendiente resolver tres recursos contra esa decisión. Los habían presentado la Fundación Francisco Franco, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos y la comunidad benedictina. Finalmente, esa corte desestimó este martes los tres reclamos.
Todavía está pendiente la presentación de los argumentos judiciales que tuvo en cuenta. Sin embargo, en su momento la Justicia concluyó que el Valle de los Caídos es un bien estatal, y que si bien lo administra la comunidad benedictina, esta no puede impedirle al Poder Ejecutivo la entrada a ese lugar. También fue avalada por la Justicia la decisión del Consejo de Ministros de llevar los restos al cementerio de El Pardo, en Madrid. Los recursos desestimados este martes apuntaban contra esas decisiones y buscaban devolver los restos de Franco al Valle de los Caídos, donde estuvo enterrado junto a víctimas de su dictadura.
A su vez, en otro tribunal, el Estado y los descendientes de Franco se disputan la propiedad del Pazo de Meirás, una mansión situada en Galicia que el dictador utilizaba como residencia de verano. El juicio comenzó el lunes y busca determinar si la compra de ese inmueble por parte de Franco, en 1941, fue fraudulenta, informó la agencia de noticias Efe. El Estado argumenta que la mansión ya había sido vendida en 1938 por sus dueños anteriores, la familia de la escritora Emilia Pardo Bazán, a otro propietario, la Junta Pro Pazo del Caudillo, que la quería como residencia para el dictador. Por lo tanto, Franco no pagó por esa residencia.
En 2008 esa propiedad fue declarada bien de interés cultural, lo cual obliga a abrirla al público al menos cuatro días al mes. El gobierno gallego sancionó luego a la familia de Franco por no cumplir con esta condición.