El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió este miércoles a la posibilidad de implementar una reforma constitucional para fortalecer a la petrolera estatal Pemex y la generadora de energía eléctrica Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En 2013, otra reforma energética, muy cuestionada por López Obrador, terminó con el monopolio de Pemex en el sector petróleo, le restó potestades a CFE y abrió paso a la inversión extranjera y las alianzas público-privadas. Su objetivo era “destruir” a esas empresas estatales, dijo este miércoles el presidente.

Actualmente tanto Pemex como CFE están endeudadas, y el gobierno manifestó que hará el intento de rescatarlas con las normas actuales. Pero si fuera necesaria “una modificación a la ley para devolverles a Pemex y a la CFE su función de empresas estratégicas para el desarrollo de México y el predominio de la nación sobre los recursos naturales, entonces veríamos si se presenta una iniciativa de reforma constitucional”, dijo López Obrador.

El mandatario dijo que, si decidiera impulsar una nueva reforma, lo haría recién después de cumplir tres años en el gobierno, informaron las agencias de noticias Efe y Reuters. Esperaría a celebrar las elecciones en las que se renueva parte del Parlamento, en 2021, y una consulta sobre la revocación del mandato presidencial que él mismo propuso para 2022. “No lo haríamos ahora. Yo dije: ‘Vamos a trabajar con el marco jurídico actual tres años, y si hace falta hacer la reforma constitucional la emprendemos en la segunda mitad del gobierno’”, manifestó.

La reforma energética anterior, impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue aprobada en el Parlamento en 2013 gracias al llamado “Pacto por México”, un acuerdo político al que habían llegado el entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, el Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza. Ahora la Fiscalía mexicana investiga si se pagaron sobornos a los legisladores para que votaran la reforma, informó el propio presidente semanas atrás.

En otra conferencia de prensa, el 21 de julio, López Obrador se refirió a la detención de Emilio Lozoya, que fue director de Pemex durante el gobierno de Peña Nieto y a quien la Fiscalía le otorgó la calidad de testigo protegido. El presidente dijo que la información que pudiera aportar Lozoya permitiría “aclarar muchas cosas, porque se va a saber si se compró la reforma energética”. A su vez, Ricardo Monreal, dirigente de Morena, el movimiento político que fundó López Obrador, dijo que, si se demuestra “con pruebas contundentes” que los legisladores fueron sobornados para aprobar la reforma, ese cambio constitucional debería quedar sin efecto, porque su aprobación fue parte de un delito.

Según citó el diario La Jornada, el presidente mexicano consideró que Lozoya también podría aportar información sobre supuestos sobornos de Odebrecht para obtener contratos con el Estado en México. Recordó que según el proceso judicial que se le abrió a esa constructora brasileña en Estados Unidos, Odebrecht pagó diez millones y medio de dólares por contratos que le permitieron ganar una cifra mayor: 40 millones de dólares.

El ex director de la petrolera fue extraditado desde España, y el martes tuvo su primera audiencia judicial. Este miércoles se desarrolló la segunda. Estas audiencias se enfocaron en otro caso: el juez José Zúñiga investiga si recibió un soborno de la empresa Altos Hornos de México a cambio de que Pemex le comprara a esa firma una planta de fertilizantes y pagara un sobreprecio de unos 200 millones de dólares.

La Fiscalía sostiene que Altos Hornos de México transfirió en 2012 tres millones de dólares a una cuenta en Suiza de la firma Tochos Holding, que tiene como titular a Gilda Lozoya, hermana del ex director de Pemex.

Después de las audiencias, la Justicia dispuso para Lozoya la prohibición de dejar el país, y decidió que será vigilado mediante un brazalete electrónico cuando salga del hospital en el que está internado debido a que tiene anemia, desde donde participó en la audiencia.

El Ministerio Público no solicitó prisión preventiva, lo que fue leído como una señal de que cuenta con que el ex director de Pemex colaborará con la investigación.