El reconocimiento que la mayoría de los países de Europa le dio al diputado opositor Juan Guaidó cuando se autoproclamó presidente de Venezuela abrió esta semana dos frentes de conflicto con el gobierno de Nicolás Maduro. Uno de ellos se instaló en la Justicia británica.

Un fallo del juez del Tribunal Superior Nigel Teare dispuso que es Guaidó, y no Maduro, quien tiene autoridad para disponer de las reservas de oro que Venezuela tiene depositadas en el Banco de Inglaterra.

El fallo se apoya en el reconocimiento “inequívoco” que el gobierno de Reino Unido le dio a Guaidó como “presidente interino constitucional” de Venezuela. A partir de esa decisión política, la Justicia concluyó que las autoridades que Guaidó designe al frente del Banco Central de Venezuela son las que pueden acceder al oro de ese país. Teare consideró además que no le corresponde a la Justicia británica evaluar otros elementos, como la decisión del Tribunal Supremo de Caracas de declarar nulos esos nombramientos.

El gobierno venezolano ya anunció que está decidido a apelar este fallo, que puede tener repercusiones determinantes en otros litigios. Uno de estos es el que inició Venezuela contra el Banco de Inglaterra porque esta institución se negó a transferir unos mil millones de dólares de las reservas venezolanas a un fondo creado por Naciones Unidas para atender la pandemia de covid-19 en el país.

Guaidó celebró este jueves la sentencia británica. “Protegimos las reservas en oro de las garras de la dictadura. Nuestras reservas se mantendrán” como tales y permanecerán “en Inglaterra para su protección”, publicó en Twitter, y agregó: “¡Oro protegido del saqueo del régimen!”. También divulgó un texto presentado como comunicado oficial de su gobierno, en el que se manifiesta que ese oro no se va a utilizar en el corto plazo y califica el fallo como “una victoria para el pueblo de Venezuela” y “para la defensa del Estado de derecho”.

Sin embargo, Guaidó no está al mando de la presidencia en Venezuela, y ese es el argumento con el que el Ejecutivo de Maduro busca revertir la decisión judicial británica. Según informó la agencia de noticias Efe, el estudio de abogados Zaiwalla & Co, que representa al Banco Central liderado por Calixto Ortega Sánchez, señaló que el juez “ignoró la realidad” de que es la administración de Maduro la que está en funciones. Además, argumentó, también que las autoridades que nombró Guaidó no sólo fueron anuladas por la Justicia de Venezuela, sino que ni siquiera residen en ese país. También se refirió, durante el juicio, a que el gobierno británico, aunque haya declarado su reconocimiento a Guaidó, “mantiene lazos diplomáticos” con el Ejecutivo que lidera Maduro.

Por su parte, el equipo legal de Guaidó reivindica la autoridad de Ricardo Villasmil, quien fue nombrado por el dirigente opositor como titular del Banco Central. Señala además que existe en Reino Unido la doctrina de “una sola voz” por la cual las instituciones estatales deben aplicar una misma posición en política exterior, y que el reconocimiento a Guaidó por parte del gobierno británico fue muy claro.

El fallo de Teare se conoció el mismo día en que el gobierno de Maduro anunció el inicio de una etapa de diálogo con la Unión Europea (UE). De ese modo se destrababa otra crisis, que comenzó el lunes, cuando la UE aprobó sanciones contra 11 funcionarios venezolanos a los que acusa de haber actuado contra el Estado de derecho. Ese mismo día, en respuesta, Maduro declaró persona no grata a la embajadora del bloque, Isabel Brilhante Pedrosa, y le dio 72 horas para dejar el país.

Este jueves se cumplió el plazo sin que la embajadora pudiera dejar el país por la falta de vuelos, suspendidos por la epidemia de covid-19. Sin embargo, el diálogo entre las dos partes dejó sin efecto la expulsión. El presidente de Venezuela dijo que cambiar esa decisión fue “lo mejor, lo más inteligente”, y agregó que esto va a ayudar a “que el mundo escuche la verdad” sobre su país.

Explicó que el canciller Jorge Arreaza conversó con el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y que le planteó “un reclamo sólido sobre la ilegalidad y la injusticia de esas sanciones pretendidas”. Fue entonces que “surgió la idea de tomar el camino del diálogo político y diplomático” entre las partes, agregó el gobernante, y dijo que para “proceder a una nueva etapa” cuenta con “todo el apoyo de la opinión pública venezolana”.

A su vez, Arreaza explicó que las sanciones que desataron esta crisis siguen en pie, y que no las puede cambiar Borrell por sí solo, sino que existen “mecanismos complejos” en la UE para tomarlas. Pero agregó: “Venezuela espera que haya algún tipo de gesto que acompañe el que hemos hecho y que permita mejorar la relación”.