Miles de trabajadores que se desempeñan como repartidores de varias aplicaciones hicieron este miércoles en Brasil un paro de 24 horas en reclamo por mejores condiciones laborales en una rama de actividad que tuvo un enorme crecimiento en el contexto de la pandemia de coronavirus. Si bien la movilización más grande se registró en la ciudad de San Pablo, también hubo manifestaciones similares en Río de Janeiro, Belo Horizonte, São Luís, Brasilia, Goiânia, Florianópolis, Recife, Salvador, y Porto Alegre.
Según informaron medios brasileños, ciclistas y motociclistas que trabajan para Rappi, Uber Eats e iFood, deben hacer su tarea durante largas horas, exponiéndose a contagiarse de covid-19, ya que ellos mismos deben correr con los costos de las protecciones requeridas, como el alcohol en gel y los tapabocas. Trabajadores de estas empresas ya venían denunciando desde hace meses la falta de derechos básicos con la que se desempeñaban, pero la situación empeoró notoriamente con la pandemia.
Su tarea fue considerada dentro de las esenciales, pero si bien la actividad de este grupo creció notoriamente, no sucedió lo mismo con su salario, además de no haberse producido mejora alguna en sus condiciones laborales. Los movilizados reclaman mayor seguridad, alimentación paga por las empresas durante las largas jornadas laborales, mejores salarios, licencias remuneradas en caso de accidentes, además del fin del sistema de puntuación. Si bien no hay precisión sobre la cantidad de trabajadores que se desempeñan en esta actividad, se calcula que son alrededor de 300.000, y el número está en crecimiento debido a la incesante demanda.
Diputados de partidos opositores recogieron las demandas de estos trabajadores y anunciaron que enviarán en los próximos días al Congreso proyectos de ley para responder a sus demandas. De acuerdo a lo que informó el portal Fórum, el diputado federal Márcio Jerry, representante del Partido Comunista de Brasil por el estado de Maranhão, hizo este miércoles un pedido para que se incluyan los derechos de los empleados de las aplicaciones dentro de las leyes laborales que rigen en el país. “Las nuevas modalidades de trabajo necesitan ser reconocidas y protegidas dentro de la legislación”, dijo el parlamentario. El texto que pretende incluir el diputado Jerry dentro de la ley define quiénes son las personas y cuáles son las empresas que se encuadran dentro de este nuevo modelo de trabajo, con la finalidad de corregir y terminar con los huecos legales que surgieron junto con estas novedosas actividades laborales.
El proyecto de ley presentado por Jerry prevé la contratación de un seguro de vida por parte de las empresas empleadoras, además de cobertura por posibles daños o robos de los vehículos que estos trabajadores utilizan, que siempre son de su propiedad. Además, esta ley pretende que las empresas empleadoras garanticen necesidades básicas para sus trabajadores, como alimentación, agua potable y un espacio seguro de descanso y acceso a baños durante los intervalos de las entregas.
También este miércoles, Fernanda Melchionna, diputada federal por Rio Grande do Sul, que lidera la bancada del Partido Socialismo y Libertad, inició una campaña de recolección de firmas en el Congreso para lograr la formación de un frente parlamentario en defensa de los trabajadores de estas aplicaciones. En el momento de presentar su iniciativa, la diputada dijo que “las empresas de aplicaciones de entrega son, en su enorme mayoría, transnacionales, que no pagan derechos laborales básicos. Estas empresas intentan dar un viso de modernidad a lo que hacen, pero en la realidad reproducen lo más antiguo de las relaciones laborales, que son la explotación y la precarización”.
La ex presidenta Dilma Rousseff también salió en defensa de los trabajadores movilizados. En su cuenta de Twitter la líder petista derrocada en 2016, además de destacar la importancia de la movilización de estos trabajadores, criticó a las empresas de delivery por las pésimas condiciones laborales que ofrecen a sus empleados.
Rousseff calificó al régimen de los repartidores de una “una nueva forma de servidumbre”. La dirigente agregó que los empleados de estas aplicaciones “no son trabajadores formales, porque no están amparados por ninguna legislación laboral y tampoco son trabajadores por cuenta propia, porque no tienen nada más allá de sus motos o bicicletas, que en muchos casos son alquiladas” para poder llevar a cabo su tarea. La ex mandataria remarcó que, además de carecer de los derechos esenciales que tiene cualquier trabajador formal, los repartidores trabajan 12 horas por día y su sueldo mensual usualmente no llega a los 1.000 reales, aproximadamente 8.000 pesos uruguayos.