El rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón, anunció en una carta dirigida a su hijo, el rey Felipe VI, que se irá del país. Dijo que lo hará para facilitarle a su heredero el ejercicio de sus funciones con “la tranquilidad y el sosiego” que “requiere su alta responsabilidad”. En los últimos tiempos, Juan Carlos I, que abdicó en 2014 después de casi 40 años de reinado, ha estado bajo sospechas de enriquecimiento ilícito, aunque este lunes aludió a estas investigaciones como si se tratara de un asunto personal. Manifestó que tomó su decisión de dejar el país “ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados” de su “vida privada”, y le manifestó a su hijo que tomó esta decisión “con profundo sentimiento, pero con gran serenidad”.

En respuesta, informó la Casa Real, Felipe VI le transmitió a Juan Carlos I “su sentido respeto y agradecimiento ante su decisión”. También remarcó “la importancia histórica que representa el reinado de su padre, como legado y obra política e institucional de servicio a España y a la democracia”, y su voluntad de “reafirmar los principios y valores sobre los que esta se asienta, en el marco de nuestra Constitución y del resto del ordenamiento jurídico”.

En marzo, el rey Felipe VI decidió renunciar a la herencia de su padre y retirarle a este la retribución que recibía como rey emérito. Ese mes se conocieron las investigaciones que están en marcha en la Fiscalía suiza de Ginebra sobre donaciones a cuentas bancarias que involucran a Juan Carlos de Borbón y a la empresaria alemana Corinna Larsen, con la que mantuvo una relación extramarital.

El fiscal suizo Yves Bertossa intenta determinar si esas donaciones esconden comisiones ilegales o blanqueo de dinero. Según su investigación, el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudita, depositó 100 millones de dólares en una cuenta en Suiza a nombre de una entidad panameña, Lucum, a través de la cual se presume que Juan Carlos I recibía ingresos. Una parte de esa donación fue retirada y otra, unos 65 millones de euros, presuntamente fueron transferidos a Larsen. La empresaria ya fue interrogada al respecto en Suiza y dijo que el rey emérito le dio esa suma como regalo, por “gratitud y amor”.

De acuerdo con la investigación, ese aporte a las cuentas de Juan Carlos I podría esconder una comisión ilícita pagada por su papel como intermediario en negociaciones para que el gobierno de Arabia Saudita adjudicara a empresas españolas las obras para la apertura de una línea de tren de alta velocidad que unió las ciudades saudíes de La Meca y Medina.

También en España hubo una investigación del caso, que se reactivó con los avances que se hicieron en Suiza. Ahora Larsen fue citada por un juez de la Audiencia Nacional para que declare, en setiembre, sobre unos audios en los que se sospecha que habla sobre estas cuentas. Semanas atrás, El Confidencial publicaba que de 2008 a 2012, cuando España atravesaba una fuerte crisis económica, el rey Juan Carlos retiraba de sus cuentas en el exterior unos 100.000 dólares por mes para gastos no declarados.

Un abogado suyo, Javier Sánchez-Junco Mans, manifestó este lunes que, aunque se vaya de España, su cliente permanece “a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna”. Si bien en su país el rey emérito tiene inmunidad para delitos que hubiera cometido hasta 2014, cuando abdicó, no pasa lo mismo en Suiza, donde se lo puede responsabilizar por hechos anteriores a esa fecha.

A diferencia de Juan Carlos, cuyo destino se desconocía este lunes, su esposa, la reina Sofía, seguirá viviendo en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid, y participando en las actividades institucionales. Otra integrante de la familia real, la infanta Cristina, hermana del rey Felipe, ya había dejado España y la vida pública en 2013, un año antes de que Juan Carlos abdicara, debido a una condena por corrupción contra su marido, Iñaki Urdangarín.

Respuestas políticas

La reacción de los dirigentes políticos españoles se dividió este lunes ante el anuncio. El rey emérito encontró defensores entre la derecha y cuestionamientos de parte de la izquierda y los partidos independentistas.

El conservador Partido Popular manifestó su “absoluto respeto” a la decisión, que pone en evidencia “su lealtad a España, a la monarquía parlamentaria y al rey Felipe VI”, y destacó el papel “determinante y decisivo” que tuvo Juan Carlos I en la transición del franquismo a la democracia, informaron el diario Público y la agencia de noticias Efe. También Ciudadanos consideró que con su partida el rey emérito defiende el “buen nombre” de la monarquía y las demás instituciones españolas. A su vez, Macarena Olona, líder de la bancada del partido ultraderechista Vox, lamentó esta situación y dijo que la izquierda quiere “un linchamiento público” del rey emérito.

Por su parte el conservador Partido Nacionalista Vasco advirtió que “en ningún caso” este “gesto insuficiente” exime al ex jefe de Estado de rendir cuentas por los delitos que hubiera cometido, tanto durante su reinado como después. También Esquerra Republicana de Catalunya cuestionó la decisión, y lo mismo hicieron otros grupos independentistas catalanes. “Juan Carlos de Borbón se fuga de España perseguido por sus corruptelas, por la Fiscalía del Tribunal Supremo, haciendo uso de la tradición familiar. No es el primero ni será el último de los Borbones que abandone este país”, dijo el dirigente de ese partido Gabriel Rufián.

Desde el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se refirió a esta crisis el secretario de Transparencia y Democracia Participativa, Odón Elorza. Opinó que la carta fue “muy insuficiente” y manifestó que el rey y toda la familia real “deberían tener la obligación legal de hacer declaración pública de bienes y patrimonio.

Los socios del PSOE en el gobierno también consideraron que esta salida no resuelve la situación del ex jefe de Estado. Uno de ellos, Izquierda Unida, pidió junto con el Partido Comunista de España que el Supremo Tribunal abra una investigación a Juan Carlos I, a partir de la investigación de la Audiencia Nacional, mientras que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, consideró “indigna” su “huida”. Afirmó que esta actitud deja a la monarquía en una situación “muy comprometida” en una España que ya no tolera la “corrupción ni el privilegio”.

También Pablo Echenique, portavoz de Podemos ante el Congreso, cuestionó la decisión del ex monarca: “¿Qué soluciona eso? ¿Qué se arregla con eso? ¿Qué mejora respecto de la monarquía? ¿Qué mejora respecto de nuestra democracia? Efectivamente, nada”.