La Red Pro Cuidados, la Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Alianza) y el Sindicato Único de Asistentes Personales (SUAP) emitieron un comunicado, el lunes, en el que expresan su preocupación por la “disminución paulatina” del presupuesto destinado al Programa de Asistentes Personales, que propone el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en su documento interno sobre presupuesto quinquenal. Las organizaciones sostienen que la cartera “atenta contra un derecho consagrado” de las personas con discapacidad severa y promueve “la desaparición progresiva del programa”.

El Programa de Asistentes Personales es un servicio de cuidados y asistencia personal del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) para personas en situación de dependencia severa -que requieren atención para realizar actividades de la vida cotidiana como alimentarse, higienizarse, vestirse, trasladarse, trabajar, estudiar, entre otras-. Actualmente, el servicio está dirigido a niños, niñas y jóvenes de hasta 29 años y a personas mayores de 79 años. Funciona con un subsidio económico por intermedio del Banco de Previsión Social (BPS), “que se establece mediante porcentaje”, explicó a la diaria Isabel Pérez, magister en políticas públicas e integrante de la Red Pro Cuidados: “Si la persona está en situación de extrema vulnerabilidad, se le subsidia el 100% del costo asistente personal, si no hay otros porcentajes: 67%, 33% y 0%”.

De acuerdo con el documento del Mides, el costo mensual de un usuario en 2020, con un subsidio de 100%, es de 20.787 pesos, pero “si se considera la distribución de las personas usuarias”, según el Decreto 117/016 -que reglamenta la Ley 19.353, que creó el SNIC- y el subsidio asignado, “el costo mensual promedio” desciende a 19.581 pesos. Ese es el pago que corresponde a 80 horas mensuales para la contratación de un asistente personal. “De este modo, el sueldo nominal, deduciendo los aportes patronales, el prorrateo de aguinaldo y salario vacacional, se ubica en el entorno de 16.050 pesos”, indica el texto.

Hasta abril de este año, 6.370 usuarios tenían contratado un asistente personal, 3.581 estaban en estado pendiente, 1.635 en estado suspendido (contrataron en algún momento asistente, pero en ese momento no contaban con el servicio) y 1.940 usuarios habían fallecido. En tanto, aproximadamente 2.500 personas habían realizado la postulación al programa y aún aguardaban la visita de los técnicos. Cerca de 1.100 personas ya fueron visitadas y aceptadas para acceder al programa y esperan ser dadas de alta en el BPS.

En su proyección de presupuesto, el Mides plantea el cierre “temporal” de las postulaciones al programa, a partir de agosto de 2020, de forma indefinida, “a los efectos de revisar la estrategia y redefinir la estructura presupuestal”. Las autoridades de la cartera indican que “en caso de no volver a abrirse las postulaciones para el programa, se espera una reducción de casi 500 usuarios con servicio para el segundo semestre de 2021; una reducción anual de aproximadamente 1.100 usuarios para 2022; 900 usuarios para 2023; 700 usuarios para 2024 y 600 usuarios para 2025”. De esa forma, el Mides propone comenzar el período con una asignación presupuestal para el programa de 1.588 millones de pesos en 2020 (37 millones de dólares al tipo de cambio actual) y finalizar el período con una inversión de 994 millones pesos en 2025 (23 millones de dólares); esto significa una reducción de más de 500 millones de pesos.

Pérez sostuvo que en la Red Pro Cuidados observan con preocupación la vulneración del derecho de las personas que “requieren acceder al asistente personal” y advierten que “el programa se está dejando morir”: “La rebaja de asistentes sociales y usuarios -por no haber nuevos ingresos y estimación de fallecimientos al final del período- es considerable”. “El objetivo era que este programa llegara a cubrir, a finales del período pasado, 22% de la demanda total de personas en situación de dependencia severa. Ahora eso va a estar lejos de suceder. Más bien se va reducir [la cobertura]”, expresó.

Asimismo, sostuvo que la alternativa que esboza el Mides para las personas que no puedan acceder al programa no es satisfactoria. “Se plantea una posible derivación a casas de larga estadía, pero no es lo mismo. La asistencia personal es en el domicilio, el asistente acompaña y contribuye a la realización de las tareas cotidianas y la autonomía de las personas. No es lo mismo que una internación”, expresó y recordó que, a inicios de este año, se informó de la situación de centros residenciales, con resultados “bastante negativos” en el aspecto social tanto en el trato a los mayores como en las condiciones de estadía. En el comunicado las organizaciones agregan que el Mides plantea “subsidiar a los emprendimientos privados” a casas de larga estadía como alternativa, pero no da detalles y “no aclara si se mantendrán los equipos técnicos para asegurar la calidad en los mismos ni la certificación de competencias”.

“La Red entiende los cuidados como el cuarto pilar del sistema de bienestar junto a la salud, la educación y la seguridad social. Por lo tanto, el SNIC no es un programa más, y en este sentido reconocemos que los cuidados son un derecho; todos tenemos derecho a ser cuidados y el Estado tiene la obligación de garantizarlos”, sostuvo Cristina da Cunha, integrante de la Red Pro Cuidados, durante la conferencia de prensa convocada el lunes por las organizaciones firmantes del comunicado por el mismo motivo expresado en el texto.

Da Cunha señaló su preocupación por las “contradicciones” en los lineamientos del Mides para la elaboración del presupuesto quinquenal. Sostuvo que, por un lado, las autoridades de la cartera “reconocen los efectos de la pandemia y que aumentaron las vulnerabilidades de las personas dependientes que requieren cuidados, y se evalúa positivamente el apoyo a las familias del cuidado de estas personas dependientes”, pero, por otro, proyectan una reducción presupuestal de estas políticas sociales.

La integrante de la Red Pro Cuidados manifestó su preocupación por la formación de los cuidadores, que es un “elemento esencial que hace a la calidad de los cuidados”, y en el documento del presupuesto no se especifica cuando “reanuda ni si se reanudará” en algún momento. A su vez, manifestó que, bajo el contexto de pandemia que atraviesa el país, lo correcto sería “reforzar” y “ampliar” esta política de cuidados en beneficio de los usuarios y “como una fuente laboral digna”.

Fuentes del Mides dijeron a la diaria que “no van a hablar de estos temas ahora” porque el documento elaborado es un borrador del presupuesto. “No vale la pena que el ministerio tome posición sobre un supuesto”, sostuvo la fuente, y afirmó que lo harán cuando esté el presupuesto oficial. la diaria también se comunicó con la secretaría del SNIC, Gabriela Bazzano, quien sostuvo que no había analizado ese punto del documento.

¿Qué pasa con los trabajadores?

Los cambios propuestos en el programa generan un escenario también desalentador para los trabajadores. “Los cuidados son un derecho, y creo que sobre eso no hay discusión”, dijo durante la conferencia de prensa la secretaria de organización del SUAP, Silvina Brocal, que se manifestó en la misma línea que las integrantes de la Red Pro Cuidados y expresó su “incertidumbre” respecto de la continuidad del programa, al tiempo que agregó que pone en riesgo el trabajo de miles de trabajadores. Brocal destacó la labor de los asistentes personales y comentó que incluso se incrementó durante el contexto de emergencia sanitaria. “Nuestra tarea es más que necesaria, y eso quedó demostrado ante la situación de pandemia”, expresó.

“La mayoría de los asistentes personales somos mujeres solas, jefas de hogar. Además, el sector resultó muy afectado ante la situación de crisis”, contó Brocal. Sin embargo, destacó que las asistentes no suspendieron su trabajo en “ningún momento”, porque saben lo que implica tener un familiar con dependencia severa. “Esas cuatro horas le permiten a la familia dar un respiro, descongestionar la situación”, sostuvo, y continuó: “Es impresionante la cantidad de mamás y papás que nos han dicho que después de varios años han podido salir al mercado laboral; personas que hace varios años que no se levantaban de una cama, que no iban ni siquiera hasta la puerta de su casa o a ver a los vecinos de la cuadra [y lo hicieron con nuestra asistencia]. Todo eso es más que importante, y para que ocurra es necesario que el programa continúe y se refuerce”.

La secretaria de organización del SUAP planteó la preocupación por la formación y capacitación de sus compañeros y compañeras, sobre todo porque en octubre vence una prórroga que “protege a aquellos trabajadores que aún no han realizado el curso de atención a la dependencia”. “¿Qué es lo que va a pasar con esos miles de trabajadores que están en actividad y que no han podido realizar este curso?”, preguntó. Asimismo sostuvo que si se suspenden las postulaciones al programa eso implica, además de que se dejará de atender a personas que lo necesitan, un impacto sobre la fuente laboral de miles de personas. Brocal volvió a deslizar una pregunta: ¿se va a mantener la plantilla de los trabajadores garantizando la reposición de los binomios cuando haya baja de usuarios? Al mismo tiempo, reclamó garantías para los trabajadores en los diferentes “escenarios posibles”. “Más que preocupación, incertidumbre es lo que tenemos los trabajadores ante esta situación”, sostuvo.

¿Qué pasa con los usuarios?

“Lamentablemente, cuando se trata de recortes presupuestales la tijera empieza por las personas con discapacidad”, dijo Tatiana Vasconselos, de Alianza. “Una vez más, vemos cómo se retrocede en los derechos que hemos ido ganando” y en la posibilidad de que las personas con discapacidad “puedan tener una vida digna”, planteó. Gabriel Soto, también de Alianza, habló de la importancia de la asistencia que reciben las personas con discapacidad severa y dijo que la ayuda que reciben los usuarios los conduce hacia un camino en el que “puedan tener un poco de autonomía” al “aprender técnicas” que se ajustan a sus posibilidades. “Sin este apoyo, la situación va en detrimento de su calidad de vida”, expresó. A su vez, recordó que la mayoría de las personas que acceden a este servicio son de estratos sociales bajos y sus familias no tienen las posibilidades de brindarles los cuidados necesarios, como pagar un asistente privado. “Justamente para poder atender todas las necesidades de las personas que estaban en situación de más desventaja se creó el SNIC y este sistema de asistentes personales”.

Soto destacó que desde que se inició el programa existían fallas: “No se atendió a todas las personas con discapacidad severa” y quedó fuera del servicio una gran franja de personas que necesitan atención personal, pero con “la disminución presupuestal la situación se hace mucho más desfavorable”. “Nos gustaría tener diálogo con las autoridades para entender por dónde va esta estrategia”, señaló, y manifestó que para poder construir una política pública exitosa destinada a poblaciones vulnerables “es necesario trabajar con las mismas personas que están en el contexto”.