La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, dijo ayer a Telenoche que en el proyecto de presupuesto quinquenal que se presentó el lunes al Parlamento “no hay pérdida salarial” para los trabajadores públicos. Sin embargo, el secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Joselo López, dijo a la diaria que no se establece ninguna fórmula que asegure la recuperación salarial al término del período.

El artículo 4 del proyecto del Poder Ejecutivo deroga una disposición de la Ley de Presupuesto de 2010, que al regular la forma de ajuste salarial de los funcionarios del Estado decía que “se adecuará anualmente con el propósito de mantener el poder adquisitivo del trabajador público”. 

Además, establece un cambio de metodología de ajuste a partir de 2022, cuando comenzará a otorgarse aumentos a los funcionarios en función de la inflación proyectada por el gobierno. Hasta ahora se daba un aumento en enero por la mitad del rango meta y al año siguiente se pagaba la compensación por la diferencia. Así ocurrirá en enero de 2021, cuando los trabajadores recibirán la diferencia entre la inflación efectiva en 2020 y la suba de 5% que recibieron en enero pasado. 

Precisamente este punto es el que genera preocupación en COFE. “No dice nada [el artículo del presupuesto] sobre qué pasará en 2021”, el año que oficia de puente entre un sistema de ajuste y el otro, explicó López. 

“A partir del 1º de enero 2022, los aumentos salariales propuestos por el Poder Ejecutivo incluirán un componente de recuperación del poder adquisitivo de las remuneraciones de los funcionarios públicos, de manera tal que al finalizar la vigencia de este Presupuesto el nivel de salario real no haya sufrido deterioro, conforme al Índice Medio de Salarios Real del sector público publicado por el Instituto Nacional de Estadística”, dice el proyecto. 

El dirigente sindical retrucó que esa redacción “es un enunciado o un pronunciamiento, pero no dice cómo se va a cumplir con el mantenimiento del salario real”. Además, cuestionó que se asocie la recuperación al índice de salario real, porque “en el mar de promedios se ahogan los enanos”. A modo de ejemplo, explicó que el incremento incluido en la ley para los soldados impacta en la medición por la cantidad de funcionarios que son, pero puede que otros sectores de trabajadores públicos pierdan salario y el índice no lo refleje al tomar un promedio. Sostuvo que la solución para abarcar a todos los funcionarios es que se ate el ajuste a la inflación.

“No es esto lo que veníamos negociando, y que estuvimos a punto de acordar con el gobierno”, dijo López en referencia a lo incluido en el presupuesto. Agregó que las disposiciones “se contradicen” con los lineamientos presentados hace pocos días por el Poder Ejecutivo para el sector público.

Ahora la estrategia de COFE es hacer llegar sus inquietudes al Parlamento, para que durante la discusión presupuestal se tome en cuenta los planteos que realizan para asegurar que no haya pérdida salarial. Arbeleche dijo que los legisladores “pueden mejorar y agregar elementos” al proyecto, pero advirtió que la posibilidad de reasignar recursos “es muy limitada” en función de la “situación fiscal” y de que el gobierno hizo “una división minuciosa” de las partidas entre los distintos ministerios y organismos. 

Por otra parte, consultada sobre los pedidos de mayor presupuesto que realizaron tanto la Administración Nacional de Educación Pública como la Universidad de la República, la ministra de Economía respondió que “hay una nueva forma de hacer el presupuesto: no lo vamos a medir por lo que se lleva cada institución o programa; lo importante es que le llegue a la gente, al alumno o al paciente”. En esa línea, añadió que quedó atrás “la lógica incremental; no es ‘yo quiero hacer tales programas y los agregó a lo que venía haciendo’”, porque eso llevó “en los últimos años a que suba el gasto, y la contrapartida es que creció la presión tributaria y la deuda”.