El gobernante Frente de Todos espera aprobar a fines de este mes el proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas.

Esta iniciativa busca gravar por única vez a los mayores patrimonios para compensar, con ese aporte, la caída en la recaudación que sufrió el país debido a la pandemia de covid-19.

Su tratamiento en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados comenzó el miércoles. “Espero sacar el lunes dictamen del proyecto”, dijo este jueves a El Destape Radio el presidente de la comisión, Carlos Heller, según consignó la agencia de noticias Télam. El pronunciamiento de la comisión es el paso previo necesario para que el proyecto se trate en el plenario de la cámara, donde el oficialismo intentará que se vote a fines de este mes.

La iniciativa fue presentada por la bancada oficialista, liderada por Máximo Kirchner, y desde entonces recibió apoyo de otros sectores políticos. Según el diario Ámbito, el respaldo es suficiente para que se reúnan los 129 votos necesarios para su aprobación.

Entre otros, lo respaldan legisladores del Interbloque Federal, del Partido Socialista y de la Unión Cívica Radical (UCR), como el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. “Hay sectores de la oposición que ven bien el proyecto de impuesto a las grandes fortunas y pueden acompañarlo”, dijo Heller, quien fue uno de los redactores de la norma.

Otros dirigentes de la UCR, como el diputado Atilio Benedetti, cuestionan la iniciativa. Para Benedetti, “impacta negativamente sobre los que tienen posibilidad de invertir”. También se opone el macrismo. Uno de sus diputados, David Schlereth, cuestionó: “No estamos hablando de megamillonarios. Se trata de gente que apostó al país y le fue bien”.

Si es aprobado, este proyecto, que también es conocido como “impuesto a las grandes fortunas”, las 10.000 o 12.000 personas más ricas de Argentina deberán pagar el gravamen, estimó Heller.

Quedarán comprendidas dentro de este grupo aquellas personas físicas que tienen un patrimonio mayor a 200 millones de pesos argentinos (algo más de dos millones y medio de dólares) según la declaración patrimonial del 31 de diciembre. El impuesto, en caso de aprobarse, no se aplicará a las empresas. Con este aporte, el gobierno prevé reunir unos 300.000 millones de pesos argentinos, cerca de 4.000 millones de dólares, para comprar material sanitario y pagar otros gastos relacionados con la crisis generada por la pandemia.

A partir de los 200 millones de pesos argentinos, el impuesto es progresivo, mediante escalones y porcentajes para el monto que supere cada escalón. Por el patrimonio declarado en el exterior se paga una alícuota 50% mayor, según informó Página 12. En el caso de las propiedades se toma su valor según evaluación fiscal, que es inferior al precio de mercado.

“Estamos en una situación extraordinaria, inédita”, dijo Heller. “No se trata de la deuda heredada, la caída de la actividad económica o el cierre de empresas, que estaba previsto enfrentar una vez que asumiera este gobierno. La idea del aporte extraordinario se sustenta en una situación extraordinaria”, agregó.

El dirigente, ampliamente reconocido por su actividad en el ámbito cooperativo, además de haber sido vicepresidente de Boca Juniors entre 1985 y 1995, reconoció que puede haber “reclamos judiciales” por esta iniciativa, pero señaló: “Hay que ver qué hace la Justicia”, y dijo que se introdujeron cambios en el proyecto para “evitar la judicialización”.

Al iniciar el tratamiento en la comisión, Heller dijo que “hay numerosos ejemplos de tributos extraordinarios”, como los que aplicó la Unión Europea a empresas tecnológicas, y señaló que tanto el Fondo Monetario Internacional como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe han destacado la “necesidad de generar recursos extraordinarios en la base de la progresividad para atender los gastos extraordinarios de esta situación”.