Carmen Calvo, vicepresidenta española primera del gobierno, ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, presentó este martes el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Un texto con 66 artículos que se agrupan en cinco títulos, estructurados en torno al protagonismo y la reparación integral de las víctimas de la guerra civil y la dictadura encabezada por Francisco Franco, así como a las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, de acuerdo a lo que informaron fuentes oficiales.

“No seríamos una gran democracia si no fuéramos capaces de enfrentarnos a nuestro pasado. Esta es una ley para encontrarnos todos, para producir sobre la verdad y la justicia, la paz que necesitan también las familias de estas víctimas”, afirmó la vicepresidenta Calvo luego de la reunión del Consejo de Ministros celebrada este martes, de acuerdo a lo que consignó La Sexta.

Además, según este anteproyecto de ley, que amplía y corrige significativamente la normativa de 2007 que aprobó el gobierno que en ese momento tenía como presidente al socialista José Luis Pérez Zapatero, se creará un plan de exhumaciones con recursos públicos y un banco de ADN para identificar a las víctimas del franquismo que permanecen enterradas en fosas comunes.

Paralelamente, mediante esta ley se retirarán todas las medallas y honores otorgados a los torturadores franquistas, aunque ya hayan fallecido, y se anularán todas las sentencias del franquismo, incluyendo crímenes emblemáticos como como fue el caso del poeta Miguel Hernández, fallecido por tuberculosis en una cárcel franquista en 1942, o del ex presidente de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys, fusilado en 1940 luego de haber sido apresado en Francia por la Gestapo nazi a pedido de la Policía española. No entraría dentro de este capítulo de las sentencias el fusilamiento del poeta Federico García Lorca, en 1936, ya que este ni siquiera pasó por un juicio, sino que fue ejecutado de forma sumaria.

De acuerdo a la nueva ley impulsada por el Ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez, también se procederá a la resignificación del Valle de los Caídos, célebre conjunto arquitectónico situado en las afueras de Madrid, del que hace un año exhumaron los restos del dictador Franco. En este sentido, Calvo explicó que el lugar quedará “como un cementerio civil protegido por Patrimonio Nacional”.

Por otra parte, la nueva ley habilitará la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática en el Tribunal Supremo que investigará violaciones de los derechos humanos desde el golpe de Estado, la guerra civil y la dictadura, hasta la aprobación de la Constitución actual, en 1978, y sus funciones serán “de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados”, según informó 20minutos.es.

Otra medida destacada de esta legislación será la prohibición de espacios públicos y fundaciones que exalten las figuras de los dictadores, como es el caso de la Fundación Francisco Franco. Al respecto, la ministra dijo que “no van a poder existir en nuestro país asociaciones con recursos públicos que enaltezcan cualquier tipo de figura dictatorial o la promoción del totalitarismo, no será posible ni legal”.

A propósito de este tema, el presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro Ortega, dijo esta mañana que en el caso de que finalmente sean ilegalizados por la nueva normativa, la Fundación se inscribirá en un país extranjero para continuar con su actividad. “Si es preciso, nos vamos a un país libre”, expresó Chicharro Ortega en un programa radial, consignado por el portal Público.

En opinión de Chicharro, el proyecto del gobierno es “liberticida” y busca “borrar de un plumazo el franquismo y la transición”. Además, el militante de extrema derecha aseguró que antes de irse del país acudirán a los tribunales. “Los jueces van a tener un problema”, dijo.

Un proceso largo

Otro aspecto que abarcará la nueva ley será la educación. La vicepresidenta Calvo explicó que se incluirán materias relativas a la memoria democrática en la enseñanza secundaria y el bachillerato, además de figurar dentro de las materias de formación de los docentes.

En este momento, la II República, la guerra civil y el franquismo se incluyen en la asignatura de Historia, y Calvo adelantó que se van a “actualizar contenidos” que incidan sobre unos temas que, de manera más amplia, deberán ser “elemento capital” de los “valores” que se inculquen a niños y adolescentes en los centros escolares.

Se incluirá el “conocimiento de la historia y de la memoria democrática y la lucha por los valores y libertades democráticas”.

Nunca Más requiere decir que todos sepamos, estemos informados y podamos ser conscientes y responsables del sostenimiento de la democracia siempre”, dijo Calvo. Por otra parte, el gobierno propone un régimen de sanciones que pueda multar con hasta 150.000 euros a quienes enaltezcan la dictadura o a Franco o lleven a cabo acciones que menosprecien o “humillen” a las víctimas del régimen totalitario que gobernó España entre 1939 y 1975.

Entre las conductas sancionables como falta grave, figura ir a una manifestación con banderas franquistas –una acción habitual en las movilizaciones de la extrema derecha española– y proferir proclamas que atenten contra la dignidad de las víctimas del régimen.

De todas maneras, el gobierno de Sánchez es plenamente consciente de que la puesta en práctica de esta norma deberá atravesar un largo proceso. Si bien la idea es que se apruebe “lo antes posible”, se tiene claro que no se podrá hacerlo a la brevedad.

El texto aprobado este martes por el Consejo de Ministros tiene que ser enviado a diferentes órganos e instituciones que se verían afectadas por su aprobación como, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial.

Una vez se pronuncien estos órganos, el texto volverá al Consejo de Ministros para su aprobación en segunda instancia y recién entonces sería remitido al Congreso para su debate, proceso de enmiendas y búsqueda de una mayoría parlamentaria. Fuentes del Ejecutivo, no obstante, se muestran optimistas y esperan contar con un respaldo parlamentario importante que garantice su aprobación sin grandes problemas.