Tras una decisión que no contó con el visto bueno del entonces presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, este cuerpo decidió archivar una denuncia relacionada con los viajes a Roma que había hecho, en 2018 y 2019, el ex secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma en el marco de los juicios por el Plan Cóndor, en los que se acusaba a ex militares de la región por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
La información fue dada a conocer por el programa Así nos va de Radio Carve, y el semanario Búsqueda. La investigación se abrió a finales del año pasado, luego de que el ex vicepresidente de la Jutep Daniel Borrelli recibiera un correo electrónico anónimo que denunciaba la situación.
La Jutep abrió una investigación y el 18 de diciembre le pidió información al director general de Presidencia, Diego Pastorín, sobre las misiones oficiales relacionadas con el juicio, junto con las rendiciones de cuentas de esos viajes y, “si los hubiera, copia de los informes sobre el desarrollo de la misión presentados por los funcionarios designados”.
La respuesta fue recibida el 7 de enero e incluyó una explicación de Toma sobre su trabajo en el marco del juicio. Según explicó, “el equipo que encara la defensa del Estado uruguayo ante la Justicia italiana” estaba integrado por él, por un escribano que “oficia como técnico de contralor de toda la documentación que se aporta a las autoridades italianas” y por una contadora de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) llamada Giuliana Pérez Muñiz, quien, en palabras de Toma, “oficia de Asesor en Daños Civiles, derivados de delitos penales; y además investiga la ruta de dineros que podrían estar financiando a los investigados, en el marco del Plan Cóndor, fruto del Terrorismo de Estado que sufrió nuestro país, según las instrucciones de la Secretaría de Presidencia”.
Según describe el semanario, pese a que Toma no fue específicamente consultado por el rol de Pérez Muñiz, el ex jerarca resaltó que la contadora se había dado cuenta de que cuando Italia condenó con penas “pecuniarias” a los ex militares, no se incluyó entre los damnificados al Estado uruguayo. Para Toma, gracias al aporte de Pérez Muñiz, ahora el Estado presentaría un recurso de casación “en esa porción de la sentencia” para conseguir el resarcimiento por damnificación.
Además, el ex secretario de Presidencia dijo que la última misión oficial a Roma, en la que también participó Pérez Muñiz, fue “el comienzo de la investigación, en los últimos casos, de la ruta de dineros que pudieran llegar a Roma para financiar actividades de los represores del Plan Cóndor”. “Los informes derivados de cada misión, por la extrema sensibilidad de los mismos, son efectuados al señor presidente en exclusividad”, culminaba la respuesta de Toma.
Tras el informe, la Jutep discutió el tema el 9 de enero, mientras Gil Iribarne se encontraba de licencia. El resto de los entonces integrantes del directorio del organismo, Borrelli y la nacionalista Matilde Rodríguez, consideraron satisfactorias las respuestas y archivaron el caso.
Pero cuando Gil Iribarne se reintegró, el 22 de enero, pidió dejar constancia en actas sobre su discrepancia con la resolución que habían tomado sus compañeros. “Respetando la decisión adoptada en su ausencia, entiende que se debió solicitar a Presidencia de la República información no incluida en la respuesta recibida y requerir opinión de la Asesoría Letrada de la Junta”, resume el acta del expediente.
Según publicó Búsqueda, el rol de Pérez Muñiz en las misiones oficiales a Roma sembró dudas incluso en la Torre Ejecutiva. Por ejemplo, el entonces titular de la Senaclaft, Daniel Espinosa, aseguró al semanario que su oficina “no colaboró en la investigación de ningún presunto delito económico vinculado al Plan Cóndor”. “La funcionaria integró la delegación por resolución expresa de Presidencia, que nos fue comunicada una vez que la designación había sido aprobada”, agregó. Además, Así nos va informó que Pérez Muñiz obtuvo su título de contadora recién en 2018.
Búsqueda informó que Pérez Muñiz también viajó en otras misiones oficiales lideradas por Toma: en tres ocasiones lo acompañó a Washington DC por el juicio entablado por la minera Aratirí contra el Estado uruguayo; estos viajes no fueron analizados por la Jutep porque no eran parte de la denuncia. En concreto, Toma y Pérez Muñiz viajaron en julio, agosto y noviembre a Estados Unidos. En dos de las tres ocasiones, Toma viajó en clase ejecutiva y Pérez lo hizo las tres veces en económica. En los primeros dos viajes a Estados Unidos también integró la misión la escribana María Antonella Introini, según dio a conocer Así nos va.
Jutep no volverá a investigar
En diálogo con la diaria, la actual presidenta de la Jutep, Susana Signorino, explicó que el organismo por lo pronto no volverá a expedirse sobre el tema, dado que ya fue investigado por la dirección anterior. “Ya está laudado”, aseguró. Si bien la Jutep no es un órgano judicial, la jerarca entiende que allí también debe respetarse el principio de cosa juzgada. Según dijo, para que la Jutep investigue los restantes viajes de Toma y la contadora debe existir una nueva denuncia.
En tanto, según dijo Gil Iribarne a El Observador, la respuesta de Borrelli y Rodríguez Larreta fue “por lo menos apresurada”. “Mi idea era posteriormente avanzar”, aseguró el ex jerarca. “Pero fue a fines de enero que renuncia el doctor Borrelli y a principios de marzo renuncia Matilde Rodríguez, así que no hubo posibilidad”, explicó. Gil Iribarne además consideró que fue “bastante excepcional en la Jutep en estos años que algo se archive tan rápido”.