Un tribunal de Galicia falló a favor del Estado español en su reclamo contra los herederos del dictador Francisco Franco por el Pazo de Meirás, una antigua residencia de veraneo del siglo XIX, construida en un área rural de La Coruña. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia concluyó que la propiedad le pertenece al Estado y que debe ser devuelta sin reclamos de indemnizaciones por gastos de mantenimiento.

Según la sentencia, el Pazo de Meirás fue un regalo que recibió Franco en su condición de gobernante, y no a título personal. El fallo declaró nulo el registro de compraventa que hizo Franco en 1941 para apropiarse de esa casa, porque consideró que el trámite fue “una ficción” que sólo tenía como objeto “poner el bien a su nombre”. Tres años antes, en 1938, durante la Guerra Civil, una organización franquista, la Junta Pro Pazo del Caudillo, había comprado esa casa y se la había donado. Por lo tanto, concluyó la Justicia, no existió una compra en 1941 ni Franco pagó nunca por esa casa.

Según informó el diario español Público, la Junta Pro Pazo del Caudillo (que quería llamar Pazo del Caudillo al Pazo de Meirás) envió a las alcaldías de la región una carta, en 1937, con indicaciones de cómo pedirles a los vecinos que pusieran su “grano de arena” para comprarlo. “Todos, del más potentado al más humilde, pueden poner su esfuerzo en la realización del proyecto” para que “todos los españoles que sienten hoy el orgullo de llamarse coterráneos” de Franco se unieran para “ofrecerle un trozo de la tierra misma de Galicia”. Se proponía que “dos o tres personas de gran significación en la localidad” visitaran “personalmente a sus convecinos” y les pidieran su aporte.

En 2008 el Pazo de Meirás fue declarado bien de interés cultural, lo que obligaba a la familia Franco a abrirla al público al menos cuatro días al mes, informó la agencia de noticias Efe. Pero los herederos de Franco no cumplieron con esa condición y dificultaban el acceso de otras personas al lugar, que era gestionado por la Fundación Francisco Franco. En su defensa, los herederos del dictador, que todavía tienen la posibilidad de apelar el fallo, afirmaron que tenían esa propiedad “de buena fe” y con “justo título”.