La Unidad Alimentaria de Montevideo (UAM) nació hace 30 años para buscar una alternativa al viejo Mercado Modelo. Ya está funcionando una parte; en noviembre culminará la mudanza y quedará definitivamente instalado un nuevo mercado mayorista en el terreno de los accesos a la ruta 5 y Camino Pérez. En paralelo, la noticia del cambio de gobernanza de la unidad incluido en el proyecto de ley de presupuesto generó malestar en la oposición. 

“Es una violación de la autonomía departamental”, dijo el senador frenteamplista Charles Carrera, a la salida de la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, que recibió este jueves al titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Carlos María Uriarte. Según relató el legislador, el ministro reconoció en la comisión que era un error, y planteó que quería discutir la posibilidad de que los pequeños y medianos productores tuvieran “mayor accesibilidad” a la UAM, algo que el Frente Amplio (FA) está dispuesto a discutir.

En el artículo 274 se cambia la integración del grupo que lidera el proyecto. Mientras la ley orgánica de la UAM establece que el presidente y secretario general serán designados por la Intendencia de Montevideo (IM), un miembro por el MGAP, uno por el Congreso de Intendentes, tres por organizaciones de productores, dos por las organizaciones de mercados mayoristas, uno por los trabajadores y el otro por los operadores que realizan actividades complementarias en la zona, en el proyecto de ley se determina que el cargo del presidente y el secretario general serán definidos por el MGAP, se mantienen los otros actores y la IM no aparece en el organigrama.

En el siguiente artículo, el proyecto prevé un aumento de sueldo para el presidente de la UAM, equivalente al cargo de subsecretario. El presidente recibe actualmente un sueldo base de 179.000 pesos mensuales ‒equivalente a un cargo de director de Departamento de la IM‒ y con el cambio se aumentaría a unos 235.000 pesos nominales. 

Carrera sostuvo que además de ir en contra de la autonomía departamental, la propuesta arremete contra “décadas y décadas de trabajo del gobierno departamental de Montevideo, que ha invertido cerca de 90 millones de dólares en este proyecto”. En la comisión también se le planteó al ministro que no se puede remitir un conjunto de disposiciones de esta envergadura sin hablar con el gobierno departamental. “Yo espero que el Partido Nacional, que tiene una historia de lucha en lo que tiene que ver con las autonomías departamentales, no acompañe esta iniciativa porque es una grosería constitucional”, sentenció.

A la salida de la comisión, Uriarte dijo que el gobierno no habló con la IM porque “los tiempos capaz no nos daban, porque la UAM se inaugura en noviembre”. Explicó que los cambios en el presupuesto fueron planteados por el MGAP en respuesta a los planteos que recibió por parte de los productores. “La esencia que hay detrás de esto es garantizar a los productores, pequeños y medianos, el acceso a poder vender los productos directamente a los consumidores, en el entendido de que hay algo para capturar en el precio, pero también una valoración de los posibles consumidores”, dijo el ministro.

Consultado sobre si piensa rever la medida, Uriarte dijo que en el “acierto o en el error” el MGAP busca que se discuta el tema y la cartera está abierta a tomar en cuenta lo que salga de esa discusión. “Es una apuesta al Uruguay del mañana. Es mejorar [el proyecto], nada más”. 

“Un disparate mayúsculo”

A propuesta de la bancada de ediles del Frente Amplio (FA), y sin los votos de la oposición, se aprobó una declaración en la Junta Departamental de Montevideo (JDM) en contra de la medida dispuesta en el proyecto de ley de presupuesto. Se rechaza la decisión de expulsar del directorio de la UAM a los miembros del gobierno departamental, cuando el proyecto “ha sido totalmente gestado desde el ámbito departamental y llevado en su gran mayoría con fondos propios”. 

También se menciona que la Ley 9.515 (ley orgánica municipal) asigna la competencia en materia de mercados de frutas y hortalizas a los gobiernos departamentales y se cuestiona que se busque “desplazar a la IM”, “sin promover instancias de diálogo previas”. 

La presidenta de la JDM, Adriana Barros, dijo a la diaria que el primer objetivo que se plantean es intentar que “esto no salga”, y explicó que algunos juristas consultados afirman que se trata de una “apropiación indebida”, porque es competencia de los gobiernos departamentales, pero además señaló que lo grave es cómo se movió el gobierno: “Por eso digo que es como una rapiña, porque la violencia está dada en que ni siquiera se dialogó. Los terrenos son de la IM, la idea es del gobierno departamental, son años de trabajo y ni siquiera tuvieron la delicadeza de nombrar en el proyecto al gobierno departamental. Es un disparate mayúsculo”.