Las condenas al ataque al Capitolio llegaron desde Naciones Unidas, la Unión Europea y distintos parlamentos, gobiernos y partidos de todo el mundo. Pero en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro respaldó a Donald Trump en sus acusaciones de fraude infundadas y amenazó con que en su país podría pasar algo semejante si se sigue utilizando el sistema de urnas y escrutinio electrónicos. “Si no tenemos voto impreso en 2022 o una manera de auditar el voto, vamos a tener problemas peores que en Estados Unidos”, dijo.
El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó en su cuenta de Twitter que “la invasión del Capitolio revela con crudeza lo que sucede cuando se intenta sustituir la política y el respeto al voto por la mentira y por el odio, hasta en un país al que le gusta presentarse como campeón de la democracia”. Advirtió que lo ocurrido debe servir para estar alerta sobre lo que puede ocurrir en Brasil “si no es contenido el autoritarismo de Bolsonaro y sus milicias, y si se siguen tolerando las violaciones a la libertad y a los derechos”.
También el gobernador de San Pablo, João Doria, que, al igual que Bolsonaro, es un posible candidato para las elecciones de 2022, advirtió: “Alerta para Brasil, donde la minoría que flirtea con el autoritarismo y el fanatismo intenta debilitar las instituciones y amenazar el Estado de derecho”.
El Partido de los Trabajadores de Lula presentó una denuncia penal contra Bolsonaro por esas declaraciones ante la Fiscalía y ante el Tribunal Superior Electoral. Acusó al presidente de amenazar la democracia y cometer delitos contra el sistema electoral, y recordó que no es la primera vez que Bolsonaro intenta sembrar dudas acerca de ese sistema sin tener fundamentos para hacerlo. La “manipulación del miedo colectivo con una mentira difusa” es una táctica para “obtener ilegítimo poder político, ya que es contraria a las reglas democráticas”, manifestó el partido en un comunicado.
También el vicepresidente del Tribunal Superior Electoral, Luiz Edson Fachin, respondió a los dichos de Bolsonaro y afirmó que “quien desestabiliza la renovación del poder o de forma falsa confronta la integridad de las elecciones tiene que ser responsabilizado en un proceso público y transparente”.