Elección de directores sociales del BPS: Un Solo Uruguay presentará tres candidatos y se prevé disputa por los cargos

Desde 2011 se agregó al habitual calendario electoral de los uruguayos —que cada cinco años acuden a elegir Parlamento, presidente e intendentes— una elección obligatoria cuya realización tanto en aquel año como en 2016 estuvo envuelta en críticas. Se trata de la elección de los directores del Banco de Previsión Social (BPS) en representación de los trabajadores, jubilados y empresarios, que está prevista para noviembre y que tendrá disputa por los cargos —de presentarse una sola lista esta vez no habría elección, según una ley de 2019—, ya que el movimiento Un Solo Uruguay (USU) anunció que llevará tres candidaturas.

Desde que en 1992 los sectores sociales tienen sus directores en el BPS, los cargos fueron ocupados por las organizaciones más representativas: el director por los trabajadores surge del PIT-CNT, el de los pasivos, de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu) y el director, por los empresarios de un acuerdo entre varias gremiales —en la última votación aún no existía la Confederación de Cámaras Empresariales—. En la primera elección para estos cargos hubo competencia sólo en el orden de jubilados, y en 2016 se sumó un segundo candidato por los trabajadores.

La próxima elección está convocada para noviembre de este año y se prevé que habrá competencia en los tres órdenes. Esto por el anuncio de USU, que informó el diario La República y confirmó en diálogo con la diaria el vocero del movimiento, Marcelo Nougué: “Hasta ahora habíamos trabajado en propuestas sobre políticas de Estado y nos parece que llegó el momento de dar un paso para tratar de llegar a los espacios donde hay representación social, a través de la elección”.

El integrante del movimiento de productores rurales surgido en 2018 señaló que pretenden “incidir en la gestión con los principios que nosotros tenemos: transparencia y austeridad”. Además, indicó que “en un año donde se plantea una reforma [del sistema jubilatorio], queremos gestionar para que esa reforma llegue a buen puerto”.

Lo que ya definió USU es que para el orden empresarial presentará “una candidatura compartida con varias gremiales”, que respaldan como candidato a José Pereyra, actual presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado y directivo de la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este (CRECE). Nougué recordó que Pereyra, que es vocero de USU en el departamento, fue “uno de los luchadores que juntó firmas contra la ley de inclusión financiera”. En el caso de trabajadores y jubilados, los candidatos del movimiento serán anunciados en los próximos días.

Consultado sobre la particularidad de que un mismo colectivo presente candidatos para los tres órdenes, Nougué manifestó: “Siempre dijimos que éramos un movimiento amplio, que tenía empresarios, jubilados y trabajadores entre los que participaban. Con esto demostramos que eso era verdad, porque hay gente de los tres sectores y no lo vemos como algo contradictorio. Esa contradicción entre empresarios y trabajadores es una discusión de otros sectores de la sociedad, no es nuestra, para nosotros debemos caminar todos juntos”.

En diciembre, cuando Pereyra lanzó su candidatura, según recogió el Correo de Punta del Este, habló sobre los sindicatos: tienen “radicalismo ideológico”, están “enfermos de odio”, “conquistaron el sistema político” y hay “un Estado de rodillas ante el PIT-CNT”, sostuvo. Por eso, prometió trabajar desde el BPS por “menos burocracia, menos impuestos, más iniciativa individual y más creación de riqueza”.

Tanto el actual director del BPS por los pasivos, Sixto Amaro (de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay), como el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Juan Martínez, dijeron a la diaria que aún no consideraron el tema de las próximas elecciones y que hoy hay otras prioridades. Mencionaron que tanto la discusión de la reforma previsional que comenzó en un ámbito multisectorial —del que participan los tres órdenes sociales— como los impactos de la pandemia son los asuntos que deben concentrar la atención hoy en día. Desde el PIT-CNT una fuente manifestó que es “una intromisión” la candidatura de USU, porque “desnaturaliza la representación social”.

Los requisitos para la candidatura y la LUC

Luego de las críticas que realizó parte del sistema político tras las elecciones de directores sociales del BPS —por el costo de la votación, el hecho que sea obligatoria y la cantidad de votos en blanco o anulados—, en 2019 se votó una ley específica sobre el tema que contó con el apoyo de todos los partidos. Una de las novedades fue que no habría llamado a elección si hay una sola lista que aspira al cargo, y de esa ley surge la fecha de noviembre para la próxima votación.

Sin embargo, la ley de urgente consideración (LUC) modificó el artículo 10, que establecía los requisitos para presentarse como candidato y había surgido de un acuerdo que también incluyó a los sectores sociales. El texto que promulgó el Poder Ejecutivo y rige ahora establece: “En cada uno de los órdenes podrán registrar listas para la elección las organizaciones con personería jurídica que representen a electores del orden respectivo y un número de electores no inferior al 1% (uno por ciento) de los habilitados para votar en cada orden. No se admitirá ningún tipo de acumulación”.

Según consignó El País en junio pasado, al asistir el directorio del BPS al Parlamento para hablar sobre la LUC, quedaron claras las diferencias sobre este tema entre los directores sociales y las autoridades políticas. El presidente del organismo, Hugo Odizzio, defendió la modificación —finalmente aprobada— y señaló que “la representatividad de los directores sociales electos en forma directa la dan las urnas, no el hecho de agregar condiciones y exigencias para ser candidatos”.

Los tres directores sociales rechazaron el cambio de redacción y la representante de los empresarios, Elvira Domínguez, cuestionó que se modifiquen las reglas de juego cuando aún la ley de 2019 no se aplicó. Amaro, director del BPS, sostuvo que los requisitos que se habían incorporado “permiten asegurar que quienes pugnen por el lugar” pertenezcan a “una representación social real”.