La instalación de una mesa de recolección de firmas para el referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC) por parte de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC) en el centro de salud, a mediados de la semana pasada, generó cuestionamientos por parte de legisladores y figuras del oficialismo, que acusaron al sindicato de incurrir en una actividad proselitista e ilegítima, por su calidad de funcionarios públicos y por realizar dicha actividad en un hospital público. Pero el sindicato advierte que la exposición mediática funcionó como propaganda: “Ha aumentado la recolección de firmas, hay gente que va a firmar y nos dice que se enteró por la prensa de que está la mesa”, comentó a la diaria Hugo Etcheverry, integrante de la UTHC.

Según indicó Etcheverry, el objetivo que se había planteado el sindicato, que era llegar al próximo viernes con 2.000 firmas recolectadas, se va a “cumplir y pasar ampliamente”. “Este hecho político ha potenciado la campaña y ha aumentado la cantidad de firmantes”, aseguró. Etcheverry apuntó que la iniciativa llevada adelante por los funcionarios se ampara en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Universidad de la República (Udelar), que reconoce la libertad de opinión a los distintos órdenes universitarios, y por el artículo 30 del Estatuto del Funcionario Público, que establece las “actividades correspondientes a la libertad sindical” como excepción entre las prohibiciones e incompatibilidades a las que están sujetos los funcionarios.

“Entendemos que no estamos haciendo ningún tipo de proselitismo, porque estamos trabajando por una decisión que se tomó a nivel de la convención de trabajadores, que es el PIT-CNT, y de la Intersocial. Nosotros como filial del PIT-CNT hicimos una mesa representativa que tomó la decisión de tratar de juntar las firmas para generar un referéndum. En ese sentido, para nosotros estamos legalmente amparados”, argumentó Etcheverry. Asimismo, afirmó que para el sindicato “es importante juntar firmas en el Hospital [de Clínicas] porque es un ícono de las luchas a nivel social y cultural en Uruguay. Si los diputados entienden que estamos en falta, que envíen las notas que correspondan”.

Etcheverry opinó que quienes cuestionan la iniciativa llevada adelante por la UTHC no están “respetando la moral y la conciencia de la gente, porque sabemos que hay una reserva moral importante en el pueblo, y que la gente no se deja presionar por cualquiera. La gente no va presionada a firmar a la mesa, va porque conscientemente entiende que hay que derogar esos 135 artículos”, afirmó.

El jueves pasado, el diputado colorado Felipe Schipani cursó un pedido de informe destinado a la Udelar, en el que argumentaba que la actividad desarrollada por el gremio de funcionarios del centro de salud es “violatoria del artículo 58 de la Constitución de la República, que establece que ‘los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo, queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie’”. En ese sentido, Schipani pregunta a la Universidad si considera que la instalación de una mesa y cartelería para recolectar firmas contra la LUC “es violatoria de alguna norma constitucional, legal o reglamentaria” y si “existe en la Universidad alguna norma que regule estos aspectos”.

Al día siguiente, la Mesa Representativa de la UTHC emitió un comunicado en el que sostiene que el referéndum contra la LUC “es una iniciativa de carácter ciudadano, habilitada por la Constitución de la República”, al que “adhieren distintas organizaciones sociales, entre ellas el PIT-CNT, en defensa de la democracia”. En ese sentido, los funcionarios destacan que “no es una acción partidaria”, por lo que entienden que “quienes realizan tales afirmaciones lo hacen o por desconocimiento o por el afán de generar odio hacia quienes tenemos el derecho de pensar distinto al gobierno de turno”.

“Nuestra organización sindical siempre se ha comportado con independencia de clase del gobierno de turno, como fue con el plebiscito en defensa de las empresas públicas o en la lucha contra la participación público privado que se quiso implementar en el Hospital de Clínicas. Seguiremos en ese camino, porque somos una organización que contiene a compañeros de distintos partidos políticos o incluso compañeros que no adhieren a ninguno”, agrega el comunicado.

Por su parte, este lunes, el diputado nacionalista y presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema, envió una exposición escrita a la Udelar en la que acusa a la UTHC de “violar flagrantemente lo previsto por el art. 58 de la Constitución, el cual reputa ‘ilícita’ toda actividad de funcionarios dirigida a fines proselitistas ‘de cualquier especie’, en lugares y horas de trabajo”. El legislador solicita a las autoridades de la Udelar que “se comunique los hechos antes relacionados a la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas y se la instruya a que dispongan el cese inmediato de dicha actividad”, así como el retiro de “toda cartelería relativa al tema”.

“Eventualmente, para el caso [de] que las autoridades del Hospital de Clínicas hagan caso omiso a tal requerimiento, se solicita [que] se apliquen las sanciones administrativas que correspondieren conforme lo previsto en el art. 10 de la Ley 19.823”, finaliza la carta.