El edil frenteamplista de Rocha Ángel Silva Más hizo un pedido de informes a la intendencia sobre los gastos en Comunicación entre diciembre de 2020 y abril de 2021, tras las acusaciones del intendente nacionalista Alejo Umpiérrez, quien aseguró que en diciembre del año pasado no gastó nada en publicidad y cuestionó los gastos en el rubro de la administración anterior, lo que derivó en una comisión investigadora sobre el último gobierno departamental del Frente Amplio (FA).

En la respuesta al pedido de Silva Más, a la que accedió la diaria, la intendencia reafirmó que en diciembre el gasto en comunicación había sido cero y de enero a abril de este año se habían invertido 618.020 pesos. Sin embargo, la información del Tribunal de Cuentas sobre el gasto en Comunicación en el mismo período afirma que fue de 1.436.085 pesos, y que en diciembre, a diferencia de lo que había informado Umpiérrez, no hubo gasto cero, sino que se invirtió 287.844 pesos. En total, la diferencia entre lo informado por la intendencia y por el Tribunal de Cuentas en el período entre diciembre de 2019 y abril de 2021 es de 1.105.909 pesos.

Este martes de noche, cuando la Junta analizó el informe del Tribunal de Cuentas solicitado también por la bancada del FA, Silva Más hizo otro pedido de informes a la intendencia para que desglose el gasto en comunicación en los últimos meses y poder aclarar la diferencia que tiene con el órgano de contralor. Además se pidió que la próxima semana vaya a la Junta el contador de la intendencia, para explicar los gastos.

En el informe del Tribunal de Cuentas se indica que se relevó información por medio de la contadora delegada en la Intendencia de Rocha, “quien remitió documentación referente a los gastos de publicidad”. Además, agrega que dentro de los documentos relevados hay una planilla “con las observaciones realizadas a dichos gastos”.

Umpiérrez explicó a la diaria que “se compara papas con boniatos”, en referencia a la diferencia entre lo que informó y los datos del Tribunal de Cuentas. Según el intendente, estos últimos son más completos e incluyen todo el rubro Comunicación; sin embargo, la respuesta del pedido de informe se limitaba a los gastos de publicidad en prensa, tanto en radio y televisión como escrita.

“Lo que buscaba la Junta era información sobre los datos de los medios de prensa, es lo que se informó. Después hay otros montos de publicidad que se agregan dentro del rubro que no es estrictamente la publicidad de los medios, que es, por ejemplo, la publicidad de las licitaciones o dineros que se reciben por partidas de cooperación a través de Ande [Agencia Nacional de Desarrollo] o el Ministerio de Turismo para la realización de publicidad, que se computan dentro del rubro por más que no emerja de la propia intendencia, pero se imputa al gasto publicidad”, detalló el intendente.

Umpiérez aseguró que “en breves vamos a contestar a la Junta, ampliando todos los detalles” y reafirmó que “no hay contradicción alguna: hay un apuro mediático, en medio de esa desesperación de cable pelado que pega a todo lo que se le atraviesa, que el FA, en vez de consultar o pedir una ampliación del informe, saca una declaración pública en un intento general de exacerbar los ánimos públicos”.

Por su parte, el edil Silva Más dijo en diálogo con la diaria que es “muy grave” que el intendente “mienta o no aclare que no tiene toda la información al menos a la Junta Departamental”. Para el edil, Umpiérrez “miente, él podría haber dicho que la información que presentó no estaba completa porque faltaban datos, todos sabemos que el proceso de cuentas en el Estado es complicado, pero él dice que esa es la información, que en diciembre gastó cero peso, y con esto llevó a una comisión investigadora. Él hizo política porque sigue creyendo que está en campaña, y nos mintió”.

Sobre la comisión investigadora, que Silva Más integra, afirmó que se siguen estudiando los gastos en el período anterior “pero no hay nada que investigar, está claro a qué fueron destinados y su justificación”, aunque el cuerpo de ediles todavía no se ha pronunciado al respecto.

En esta línea opinó el exintendente y actual senador Aníbal Pereyra, que dijo a la diaria que “lo grave es que un edil departamental, en el marco de sus funciones, hace una solicitud de informes al intendente, y él tergiversa los datos para generar dudas sobre la administración anterior, inventa, y lleva a votar una investigadora sobre el período anterior”, dijo en relación a Umpiérrez.

La discusión, aseguró Pereyra, se generó para cuestionar los gastos de la administración anterior, pero lo informado por el Tribunal de Cuentas demuestra que el gobierno frenteamplista en el mismo período de 2019 gastó menos. Según un comparativo elaborado por la bancada de ediles del Frente Amplio, el actual gobierno departamental gastó 456.266 pesos más que el anterior. En relación a esto, Umpiérrez aseguró que también se debe a un mal manejo de los datos. En su gobierno, afirmó, “se está gastando menos en publicidad que en la administración anterior. Se está aplicando una política de ahorro que en general llevó a ahorrar cerca de un millón de dólares”.

Pereyra opinó: “El pedido de informes y la comisión investigadora se generan después de que el intendente empezara una campaña para que se vote el fideicomiso que quería, con mensajes que decían que los ediles que no lo votaran perjudicaban a Rocha. A raíz de esa campaña de propaganda que hizo se hizo el pedido de informes, y esto que informó el Tribunal de Cuentas demuestra que el intendente mintió sobre los usos de los recursos públicos; objetivamente modifica lo que dijo el intendente, que mintió o tergiversó la información”.

La posición de la bancada del FA

Para los ediles del FA, Umpiérrez “ha vertido información falsa, no coincidente con la realidad, demostrando una vez más su desprecio por la tarea de contralor de la Junta Departamental”, según afirman en un comunicado.

Aseguran que “la respuesta al pedido de informes es absolutamente falsa, no coincidiendo ni el monto total, ni ningún monto mensual. Para cada uno de los meses se informan cifras de gastos sensiblemente menores a las registradas por el TCR”, y agregan que “la entrega de información falsa sobre datos disponibles en el sistema contable es un menosprecio a los roles constitucionales que caben a los ediles que no tiene antecedentes en el departamento, además de lo grave que resulta el ocultamiento y la tergiversación sobre dineros públicos a la población en general”.

Finalizan subrayando que lo entienden como “una violación a la Constitución, como una actitud de poco apego a la institucionalidad y en definitiva un socavamiento a la credibilidad de la democracia, lo cual rechazamos enfáticamente”.