Una delegación del PIT-CNT asistió este miércoles a la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de Diputados para exponer su punto de vista sobre el proyecto de personería jurídica del Poder Ejecutivo, que defendió en el mismo ámbito parlamentario el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, la semana pasada. En línea con lo manifestado por la Mesa Representativa de la central de trabajadores en una declaración, los representantes del PIT-CNT dijeron “compartir” el planteo de generar una “forma de acceso” a la personería jurídica por parte de los sindicatos, siempre y cuando la norma “no se convierta en una reglamentación de la actividad sindical”.

El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, afirmó en diálogo con la diaria que “en Uruguay hay un movimiento sindical clasista, democrático, independiente de los patrones, de los partidos políticos y del Estado” que se maneja “con un concepto de independencia de clase”, y que este “supuesto, que está en la memoria genética del movimiento sindical”, se condice con los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Señaló que este organismo habilita a los países a “emitir leyes que regulen el acceso a la personería jurídica por parte del movimiento sindical”, pero respetando algunas condiciones, como la “autarquía” sindical, es decir, “que el movimiento sindical se organiza como lo entienda de acuerdo a su leal saber y entender y toma las definiciones sin injerencia”.

En línea con lo anterior, Abdala apuntó que “en general, el proyecto está en el marco de las definiciones de la OIT, aunque cuenta con algunas dificultades”. Entre ellas, destacó el artículo 2, en el que se establece que para adquirir la personería jurídica se deberán presentar estatutos “adoptados por asambleas de los integrantes de la respectiva organización”. “Para nosotros eso no debe estar establecido así, tiene que definirse claramente que las organizaciones tienen una jerarquía de sus organismos y se define el estatuto en el organismo superior”, apuntó Abdala, y puso como ejemplo que el PIT-CNT define su estatuto en el Congreso. “Si se entiende que el Congreso es una asamblea, no hay problema, pero más vale aclararlo”, añadió.

El principal reparo de la convención de trabajadores, tal como ya se había puesto de manifiesto, tiene que ver con el artículo 7, que condiciona la retención de la cuota sindical a la personería jurídica. “Mencionamos que no estábamos de acuerdo con el hecho de que se condicione una cuestión que nosotros tenemos conquistada por la Ley de Libertad Sindical, y previamente en múltiples convenios colectivos, en un país donde hay afiliación voluntaria al sindicato”, sostuvo Abdala.

El dirigente sindical explicó que en Uruguay “no hay un impuesto sindical, como hay en Brasil, ni hay formas de afiliación obligatoria”, por lo que el trabajador “firma su autorización para que el empleador le descuente una parte X del salario, que corresponde a la cotización sindical, y se la entregue a la organización”, por lo que no ven con buenos ojos que “se condicione este derecho a la personería jurídica”.

Cabildo Abierto quiere voto secreto obligatorio y para Abdala es “ilegal”

El proyecto que presentó Mieres se basó en tres iniciativas de legisladores de la coalición que se presentaron en 2020: una del diputado blanco Pablo Viana, otra de la senadora nacionalista Carmen Asiaín y una tercera de Cabildo Abierto (CA). Los tres contenían disposiciones referidas a la personería jurídica e introducían otros elementos que buscaban reglamentar la actividad sindical. Si bien estos últimos no fueron integrados a la propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es posible que se contemplen durante la discusión legislativa, según dijo a la diaria el diputado de CA Martín Sodano, integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social.

Uno de los puntos que Sodano piensa poner nuevamente sobre la mesa es el voto secreto obligatorio en las elecciones sindicales, que Mieres dejó fuera de esta iniciativa como parte de la negociación que se hizo en el Consejo Superior Tripartito y por tratarse de un tema en el que “la OIT no tiene una posición muy definida”. No obstante, Sodano adelantó que insistirá con el tema, por entender que “es la mejor manera de defender la libertad democrática para elegir a quien nos va a representar”.

Además, el diputado de CA agregó que “hay algunas figuras del Partido Nacional que también quieren el voto secreto”, por lo que “será cuestión de diálogos y estudios y buscar qué modificación se presentará o no”. “No vemos inconveniente en que todos puedan contar con personería jurídica y con voto secreto”, concluyó.

Por su parte, Abdala opinó que se trata de planteos que “de alguna manera desarrollan injerencia en las formas de organización de los trabajadores” y que “directamente son ilegales, porque contravienen el Convenio 87 de la OIT”. “Hay proyectos que establecen cómo se deben elegir las autoridades de los sindicatos y otras cosas que violan este principio de autarquía, y la OIT es muy rigurosa en cuanto a que el Estado no debe meterse en estas definiciones”, resaltó. En ese sentido, apuntó que si se aprobara una iniciativa como la que plantea CA el movimiento sindical tendría que “presentar una queja a la OIT contra el Estado uruguayo, porque es antisindical”.

Para Abdala, el gobierno debe “generar coherencia y ordenar a sus representantes en el Parlamento; si no, todo lo que consideramos fue una pérdida de tiempo”. Indicó que “más allá de que no se llegó a un acuerdo, lo cierto es que el Poder Ejecutivo estuvo participando en conversaciones tripartitas respecto de este asunto y [la posición que llevó] no tiene nada que ver con un planteo de este tipo”, señaló, en referencia a la propuesta del voto secreto obligatorio.

“El Estado no debe intervenir en las formas de organización de los trabajadores. El problema no está dado en la sustancia del asunto; la inmensa mayoría de los gremios eligen así a sus autoridades. El problema es que se estaría desarrollando un nivel de injerencia que no está establecido en el proyecto del Poder Ejecutivo”, acotó el dirigente del PIT-CNT.

Por su parte, la diputada del Partido Colorado María Eugenia Roselló, integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social, se mostró a favor del proyecto del Ejecutivo, que entiende como “una necesidad para los sindicatos y los empleadores”. Opinó que se trata de “una regulación sumamente necesaria, que se ampara en principios fundamentales” y “promueve la adquisición de derechos y obligaciones a las organizaciones, que las crea como sujetos de derecho”. A su vez, señaló que “asegura transparencia en el manejo de los fondos de las organizaciones”. “Yo estuve 12 años perteneciendo a un sindicato, fui secretaria durante mucho tiempo, y es cierto que a la hora de cobrar la cuota sindical el no tener personería jurídica era una complicación”, acotó.

Por último, Roselló atribuyó “10%” de sindicatos que aún no tienen personería jurídica a que “los requisitos que ahora se necesitan para acceder a la personería jurídica son muy engorrosos”, y subrayó que “este proyecto achica esos requisitos, cortando barreras y obstáculos que hasta ahora son bastantes. Es una forma de fomentar que se hagan bien las cosas”.