A. Ramos, la mujer que denunció ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) al diputado del Partido Nacional (PN) Pedro Jisdonian por presuntos impagos por trabajos realizados para él, aseguró que irá a juicio tras no llegar a un acuerdo en la audiencia de conciliación. Además, dio su versión sobre la relación laboral que la vinculó con el representante blanco, y descartó que haya sido un trabajo voluntario.

El viernes 15, según informó El Observador y confirmó la diaria, se llevó a cabo la audiencia de conciliación en el MTSS, instancia que sirve para prevenir litigios, pero las partes informaron que no habían llegado a un acuerdo. Previamente, los abogados de los protagonistas negociaron acerca de un monto a pagar por parte del diputado para evitar un juicio, además de una cláusula de confidencialidad que impedía a la denunciante divulgar cualquier tipo de información vinculada a Jisdonian. No obstante, las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Fuentes del caso indicaron a la diaria que en las negociaciones se acordó que el monto a pagar por el diputado para dar por cerrado el tema era de 300.000 pesos, dinero al que habría accedido la denunciada de no haber sido porque rechazaba la cláusula de confidencialidad que se le pedía firmar; sumado a que en los documentos se indicaba que había hecho trabajo voluntario, lo que niega porque entiende que fue trabajadora dependiente.

“Yo tenía que firmar que era voluntaria, además de otros disparates”, dijo Ramos a la diaria sobre el acuerdo que finalmente no firmó. La mujer señaló que el diputado, al iniciar su vínculo, le ofreció un dinero “por mes”, es decir, un sueldo que era pago en efectivo y sin aportes patronales.

Según explicó, en diciembre de 2020 fue convocada para trabajar en el equipo de comunicación de Jisdonian. Una de sus funciones sería la de producir contenidos para publicar en redes sociales. “Terminé haciendo todo: videos, flyers, edición de videos”, agregó, y señaló que en determinado momento estuvo “24/7 conectada a un chat recibiendo indicaciones de cosas para hacer de toda índole que fuera dentro [del área] de la comunicación”. Finalmente, según la versión de Ramos, el vínculo finalizó en agosto de este año.

Consultada sobre por qué no fue inscrita en el Banco de Previsión Social (BPS), respondió que el diputado, que actualmente preside la Comisión de Legislación del Trabajo de la cámara baja, le había dicho que “no podía pagar más”, y para ella “era agarrar ese dinero o nada”. Por otro lado, Ramos informó que, una vez superada la instancia en el MTSS y tras no haber alcanzado un acuerdo, llevará el tema a juicio.

Su abogado, Marcel Perdigón, dijo a la diaria que están recabando las pruebas necesarias y que no tienen “ningún apuro” en iniciar el juicio, que se desarrollará en un juzgado de trabajo. No obstante, adelantó que “probablemente el mes que viene” inicien el litigio judicial.

Según manifestó el abogado, en su poder tiene mensajes de Whatsapp y “audios que son muy esclarecedores” sobre el tipo de vínculo laboral que había entre el diputado y su defendida. En este sentido, manifestó que la mujer no estuvo dispuesta a firmar el acuerdo previo a la audiencia de conciliación en el MTSS porque “ella era trabajadora dependiente” y no voluntaria, como decía el texto. Perdigón sentenció que es “absolutamente falso” que Ramos haya realizado sólo algunos trabajos en calidad de voluntaria.

El abogado manifestó que el monto de 300.000 pesos a pagar por Jisdonian fue “un monto acordado” y no inicialmente ofrecido por el diputado, pero aseguró que el principal motivo por el que no firmaron es que había condiciones “leoninas”, es decir, “demasiado exigentes para una sola de las partes [Ramos]”, lo que hizo “inviable la firma”.

Días atrás El Observador informó que Ramos pidió que se le paguen más de 670.000 pesos por conceptos de despido común, despido abusivo, diferencias salariales, aguinaldo, licencia y multas. Perdigón detalló algunos de estos reclamos y dijo que el despido abusivo “está basado en que [el cese] fue realizado en función de reclamos que ella hizo”, como que “no estaba afiliada al BPS” y que “no tenía derecho a Fonasa”. “El despido estuvo basado en un reclamo justo que la trabajadora realizó”, indicó el abogado. En cuanto al punto de las diferencias salariales, aseguró que “se le pagaba por debajo del laudo”.

la diaria se comunicó con el diputado del PN, quien prefirió no profundizar en el caso pero afirmó que se trata de “una denuncia infundada” y “totalmente injustificada” que “se va a resolver en la Justicia, que es lo que corresponde”. “Yo sé que el reclamo no tiene asidero”, dijo y agregó que el pago de 300.000 pesos para evitar el juicio “fue lo que solicitaron ellos”, en referencia a Ramos y su abogado.

Esto es “un garrón que me estoy comiendo que no tiene pies ni cabeza”, expresó Jisdonian, quien agregó que se trata de “un manoseo sin pruebas de nada”. Sobre Ramos, dijo que “no es una persona que trabajaba acá” -en referencia a su equipo de colaboradores-. Según su versión, la mujer planteó en la denuncia “una cosa totalmente alejada de la realidad”.

Una vez que el caso llegue a juicio, el juez deberá dilucidar, con las pruebas expuestas por ambas partes, si existía una relación laboral de dependencia. De confirmarse, tendrá que definir si los conceptos y montos que se reclaman son correctos. No obstante, en esa misma audiencia el juez intentará hacer un acercamiento entre las partes, similar a lo que ocurrió previo a la instancia en el MTSS, pero en caso de que no sea fructífero, se seguirá con el proceso.

Dentro de las posibilidades está que el juicio termine con un acuerdo entre las partes en la primera audiencia, con el juez como mediador, y se solucione el diferendo con un pago. Si no, el juez emitirá una sentencia que cualquiera de las partes podrá apelar ante un tribunal.