La bancada de legisladores del Frente Amplio (FA) ‒tanto diputados como senadores‒ recibió el lunes a los directores de Ancap, Antel, UTE y OSE que responden a su partido, para que informen sobre la política de “desmantelamiento de los entes públicos” y “la judicialización de una serie de aspectos”, dijo en conferencia de prensa Ricardo Ehrlich, coordinador del FA.

La senadora del FA Liliam Kechichian dijo que en OSE los 240 millones de dólares que el gobierno anterior dejó “prontos para invertir” en suministro de agua potable y saneamiento, “se eliminaron”. “Es decir, es un golpe fuerte a una empresa pública como OSE, que cumple una función esencial en el suministro de agua potable. No se hará la represa de Solís Chico, que era una solución de fondo para una parte del suministro de agua potable. Y se están haciendo soluciones de corto plazo, que a nosotros nos preocupan enormemente”, indicó.

Además, señaló que las auditorías, que siempre las vieron “con buenos ojos”, podrían haber sido una herramienta “para poder analizar, invertir y corregir” lo que hubiera “que corregir”, pero el gobierno no las está haciendo “de esa manera”. Puso como ejemplo la auditoría de Ecovis sobre el Antel Arena, presentada “con bombos y platillos”, en la que la propia empresa dice “que no fue una auditoría sino que simplemente fue un informe de aseguramiento”.

En tanto, Silvia Nane, también senadora del FA, dijo en la conferencia que Antel hoy “tiene una restricción de la inversión de aproximadamente 30% y de 20% de restricción en sus gastos”, que se suman a “un aumento récord de ingresos de este año”, que ha hecho que se acumulen en la caja de Antel “unos 180 millones de dólares”. “Hoy no hay un plan estratégico anunciado en Antel y eso es la principal preocupación que tenemos en torno a esto”, indicó.

Otro aspecto que le preocupa, agregó, es que uno de los anuncios que hizo Antel, al que se lo ha llamado “estratégico”, fue la sustitución de los módems, pero en realidad es un plan que estaba desde 2018, cuando gobernaba el FA. Explicó que “cualquier empresa de telecomunicaciones” tiene que sustituir esos aparatos “para poder seguir brindando un servicio acorde con los cambios tecnológicos”. “Había un plan esbozado en 2018, porque Antel tenía un estudio que decía que los módems había que sustituirlos a razón de unos 300.000 por año. Y cuando se llega a 1.300.000 hay que empezar de vuelta, porque es como cuando uno cambia el celular. No es un plan estratégico, es una cuestión de mantenimiento”, finalizó.