Un decreto del Poder Ejecutivo de finales de noviembre habilitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a transferir al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas la suma de 16.500 millones de pesos, unos 374,5 millones de dólares, como “concepto de asistencia financiera para el ejercicio 2021”. De esta forma, con recursos de Rentas Generales se cubre el déficit de la Caja Militar, con un monto que de momento es inferior al enviado el año previo, aunque luego puede haber complemento de partidas.

La asistencia financiera por ese monto fue “recomendada” según el decreto, por la División Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y no tuvo “objeciones” de la Asesoría Macroeconómica y Financiera del MEF.

La Caja Militar tiene 51.000 pasivos que cobran una jubilación o pasividad, y 27.000 activos que aportan, según los últimos datos que publicó la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS). La relación entre retirados y aportantes es 0,53, la más baja de todo el sistema previsional, contando el régimen del Banco de Previsión Social (BPS) y otras cajas.

En 2020, contando la partida inicial y un complemento, el MEF asistió con 405 millones de dólares a la Caja Militar. En los años previos, esta fue la evolución: 362 millones de dólares en 2015, 379,5 millones de dólares en 2016, 419 millones de dólares en 2017, 450,5 millones de dólares en 2018 y 450 millones de dólares en 2019. Según el Observatorio de Seguridad Social del Centro de Investigaciones Económicas, en una década –entre 2008 y 2018– el gasto público en la Caja Militar pasó de 0,87% del producto interno bruto a 1,15%. La CESS proyecta que el gasto crezca al menos hasta 2040.

La gestión del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas es realizada por personal militar designado por el Ministerio de Defensa Nacional. Semanas atrás, un decreto reglamentó el artículo 78 de la ley de reforma de la Caja Militar de 2018, habilitando al MEF así como al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a tener sus representantes en la dirección del sistema de jubilaciones de los militares.

El concepto de “asistencia financiera” refiere a los recursos extra, más allá de los ingresos genuinos –aportes de los afiliados y el IASS que pagan las jubilaciones mayores a 38.960 pesos–. El monto de 374,5 millones de dólares surge de tomar el valor de cierre de la divisa el día del decreto, el 18 de noviembre. Si la equivalencia se hace tomando el dólar promedio en lo que va del año, da 379,5 millones de dólares.

Cuestión de debate

Tanto la gestión como los beneficios que paga y las transferencias que recibe la Caja Militar han sido tema de debate político en las últimas décadas. En 2018 se procesó una reforma parcial que creó un nuevo régimen, otro de transición y mantuvo las reglas para parte de los militares, con los votos del Frente Amplio (FA).

Dentro del trabajo de la CESS, con miras a la reforma del sistema de seguridad social que se proyecta para 2022, se analizó el régimen militar de jubilaciones y se plantearon recomendaciones, que fueron acompañadas por el oficialismo y los empresarios. El FA y las delegaciones del PIT-CNT y los jubilados fueron críticos de las medidas planteadas, ya que reclaman cambios más profundos.

En el diagnóstico que hizo la CESS se incluyen datos como que la Caja Militar tiene una tasa de reemplazo —porcentaje del sueldo promedio de la persona que cubre la jubilación— de 136%, contra 53% del régimen general del Banco de Previsión Social (BPS) y entre 42% y 83% en las demás cajas; o que la jubilación promedio es de 42.000 pesos, frente a 23.500 del BPS. 35% de los jubilados de la Caja Militar integran el decil 10, que representa al 10% de la población con mayores ingresos, el mayor nivel dentro del sistema previsional uruguayo.

En cuanto a la edad de retiro, tema que está en debate de cara a la reforma, en cuyo marco se plantea una suba gradual de 60 a 65 años para el régimen general, la Caja Militar tiene números muy distintos al resto del sistema. En promedio, los militares se jubilan con 48 años, frente a 56 años de promedio de los policías y entre 61 y 64 años en el resto de los regímenes.

La recomendación del oficialismo fue subir las edades de retiro vigentes entre dos y cinco años según el grado militar, suprimir el “pago adicional” por cómputo del aguinaldo y evaluar igualar los años de servicios bonificados de policías y militares.

Para el FA la propuesta “no sigue avanzando en revertir la enorme desigualdad e injusticia” del régimen castrense, “sino que mantiene beneficios costosos e injustos para la alta oficialidad en actividad y en retiro”. Ernesto Murro, representante de la oposición en la CESS, dijo que la suba de la edad de retiro para el personal militar se ve compensada por el cambio en la bonificación por años de servicio.

Hugo Bai, representante del PIT-CNT, planteó que los cambios propuestos por el oficialismo “son tibios” y que se “requeriría una contribución mayor de las altas jubilaciones militares, otorgadas hace décadas con beneficios mayores a los de otros subsistemas”.

Tras ser entregadas las recomendaciones de la CESS, elaboradas por técnicos designados por los socios de la coalición –entre ellos Cabildo Abierto– y representantes del gobierno, el Ejecutivo deberá definir qué aspectos toma dentro del proyecto de ley que prevé remitir al Parlamento en 2022. Eso será posterior al referéndum del 27 de marzo, por lo que se proyecta un debate para mediados del año próximo acerca de la reforma general del sistema previsional y de la Caja Militar.