Las autoridades de UTE presentarán este martes el Bono Social de Energía Eléctrica. Lo harán junto con jerarcas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), ya que la acción se enmarca en un plan conjunto para usuarios de programas de ambas instituciones, como la Tarjeta Uruguay Social o el Plan de Inclusión Social. Según supo la diaria, el anuncio será sobre la profundización de la ayuda “a los barrios más vulnerables”.

El director de UTE Felipe Algorta manifestó que se reducirá la tarifa a los beneficiarios de este bono, que serán aproximadamente 100.000 clientes. Adelantó que la empresa destinará casi 40 millones de dólares por año para el plan que se anunciará este martes, que estará en marcha desde el 1° de enero.

A su vez, Algorta manifestó que el jueves el directorio de UTE decidirá qué mensaje enviar al Poder Ejecutivo en referencia a una eventual suba de tarifas. Debido a que Uruguay exportó energía a Brasil en cantidades récord este año, la empresa cuenta con un respaldo que podría servirle para no subir sus precios de venta a los clientes. No obstante, también existe la posibilidad de que haya una suba pero esta sea por debajo de la inflación. Según dijo, la exportación a Brasil fue “tan coyuntural” que ya cesó y, además, de las ganancias generadas se volcaron 100 millones de dólares al gobierno central para que defina su destino.

Por otro lado, Algorta confirmó que UTE dejará de ofrecer la tarifa de consumo básico, que está subsidiada y sirve para hogares que tienen consumos reducidos de energía eléctrica, con un precio menor que la residencial simple o la inteligente de doble horario.

Explicó que todos aquellos que ya estén inscriptos en esta tarifa no serán quitados pero, a partir del 1° de enero, los que quieran ingresar ya no podrán. El director del ente manifestó que el objetivo de esta tarifa era beneficiar a personas de contexto vulnerable, pero que actualmente la utilizan personas que podrían pagar la residencial simple o la inteligente, como “cientos de apartamentos en Punta del Este” que tienen la básica.

“Es una tarifa que se hizo con buenas intenciones, pero como es una tarifa general, aquel que no es precisamente de un contexto embromado puede tomarla igual, y es una tarifa subsidiada. Lo que queremos corregir con esto no es sacarles el beneficio a los que realmente los necesitan, porque de hecho se lo estamos aumentando [con el bono social], pero lo que no queremos es que más gente que puede pagar una tarifa inteligente doble horario o residencial simple siga pagando una básica que está subsidiada”, resumió.

Actualmente hay unos 360.000 clientes con esta tarifa, y para Algorta “un porcentaje muy alto de esos no son el público objetivo”. Consideró que la empresa probablemente pueda apuntar a reducir las otras tarifas una vez que se acorte la cantidad de gente que utiliza la básica, mientras que “gente vulnerable que opta por esa tarifa va a estar contemplada con mayores beneficios dentro del bono social”.

Ancap con margen

Además de UTE, las otras empresas públicas definirán sus mensajes al Poder Ejecutivo esta semana para la posterior decisión sobre las tarifas. Si bien desde ningún ente se adelantó oficialmente qué dirán los respectivos escritos, algunos elementos de cada uno hacen prever que en la mayoría de los casos no habrá aumentos, o si los hay serán por debajo de la inflación.

En primer lugar, además de los buenos resultados financieros en UTE por la exportación de energía a Brasil, que requiere prender las centrales térmicas y, por tanto, comprar combustible a Ancap, el 27 de marzo será el referéndum sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración, y es una fecha que Presidencia probablemente considere en su definición final sobre los precios de los servicios públicos. Mientras tanto, en Antel, por ejemplo, a partir de 2022 empezará a regir la portabilidad numérica, elemento que podría pesar para frenar un posible aumento del precio de internet móvil.

El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, declaró a la diaria que hasta el 30 de setiembre la empresa obtuvo ganancias de 49 millones de dólares por la venta de combustible para la exportación de energía eléctrica a Brasil por parte de UTE, y que “en octubre se siguió vendiendo”, al igual que en noviembre y diciembre, aunque en menor cantidad y precio. “Cuando lleguemos al 31 de diciembre, en todo el año 2021 el negocio de exportación de energía habrá dejado ganancias extraordinarias por más de 50 millones de dólares”, dijo y agregó que ese monto “es el colchón que se está usando para morigerar las tarifas locales” en los últimos meses, a pesar de que los precios de paridad de importación (PPI) están por encima –en línea con el valor internacional del crudo–.

Según dijo Stipanicic, no haber subido el precio de los combustibles en octubre costó tres millones de dólares, en noviembre costó siete millones y en diciembre se estima que podrían ser unos diez millones de dólares más. “Haber mantenido los precios costó 20 millones de dólares a las arcas de Ancap” en esos tres meses, para lo que se apela a la “cajita” que dejó la venta a UTE, por lo que queda margen al ser 50 millones de dólares la ganancia.

En enero, mes para el que se prevé dejar estable el precio de los combustibles, también se espera que baje el PPI, aunque seguirá por encima de los precios de Ancap –en virtud de no haber ajustado en los meses previos–. “Entonces, en vez de perder diez millones de dólares capaz que perdemos tres o cuatro” en el primer mes del año próximo, explicó.